Según informa el portal Cadena3, la fiscal de la localidad cordobesa de Cosquín, Paula Kelm, inició una investigación de oficio que podría desencadenar en la imputación de un delito menor, que tenga que ver con el Código de Convivencia, o en algo más grave relacionado al odio racial o religioso.

Julio Carballo, dirigente radical y de Juntos por el Cambio, sigue en el centro de la polémica, luego de sus declaraciones en las que pidió, entre otras cosas, "que esta pandemia haga la limpieza étnica que todos nos merecemos. Por mí que se quede (el coronavirus) en La Matanza y le haga honor al nombre".

En un audio difundido hace una semana, Carballo se refirió al coronavirus en la Argentina y dijo que "esto recién empieza". "No es como dijo el huevón de Fernández que le vamos ganando al virus. ¡El ocote! ¡El ocote! Nosotros no hemos llegado al volumen que tuvo Italia y tiene Estados Unidos. Tengo amigos y están todos cagados allá", aseguró.

"La gente entiende en este país a los palazos", lanzó el ex concejal radical. Y continuó: "Como gran parte de este país es peronista, el peroncho entiende a bala, palos, patada en el culo. Es de la única forma porque es negro... Entonces qué se yo, no sé".

"Yo lo único que espero es que esta pandemia haga la limpieza étnica que todos nos merecemos. Por mí que se quede (el coronavirus) en la Matanza y le haga honor al nombre. Ya con 5 o 6 millones de negros menos, planes menos, peronistas menos... capaz que este país arranca", finalizó.

Tras la difusión de este audio, Carballo no se manifestó públicamente. Por su parte, el Comité de Circuito Unión Cívica Radical de Capilla del Monte publicó un comunicado en repudio a los dichos. "Los mismos están muy lejos del pensamiento, valores e ideales de nuestro centenario partido. En estos tiempos, nos debemos encontrar más unidos que nunca y trabajando en conjunto en pos de nuestros vecinos", afirmaron.

En tanto, desde el Colectivo Más Democracia pidieron la intervención del INADI. “La joven democracia argentina exige el protagonismo de todos los actores sociales y no solo es inadmisible que un ciudadano, además electo como funcionario, embista contra las bases del sistema democrático, sino también el silencio, cuanto menos llamativo, de los medios de comunicación de llegada masiva, sea cual fuere el capital privado al que responden”, señalaron.

“Estamos convencidos que con rechazar y repudiar públicamente no alcanza, por ello exigimos que el Inadi, la Justicia local y la Federal actúen de oficio, de manera inmediata, ante la escalada de voces individuales que arremeten contra el sistema político que la mayoría de los argentinos hemos elegido para vivir”, pidieron.