Parte del mismo plan para deslegitimar los reclamos de pueblos originarios, fue la criminalización por parte del Gobierno de la comunidad mapuche donde se desarrolló la represión que terminó con la,desaparición forzosa de Santiago Maldonado. Después de 40 días sin investigaciones sustanciosas, los gestos desde el Gobierno comienzan a bajar de tono.

Además, Garavano le adjudicó al Gobierno el avance en la resolución de conflictos con varios pueblos originarios pero nada más lejano de la realidad: según un informe de Amnistía Internacional, el nulo trabajo de esta administración en materia de derechos humanos dejó que se venciera la Ley de Emergencia Territorial, que deja a las comunidades sin apoyo jurídico en situaciones de desalojo.  

El INAI informó que en agosto de 2016 se elaboró un Proyecto de Ley de Prórroga de la ley 26.160, hasta el 23 de noviembre de 2021. Sin embargo, el 7 de septiembre venció el plazo y la norma no fue debatida, por lo que los pueblos originarios no tienen protección jurídica ante desalojos.
El INAI informó que en agosto de 2016 se elaboró un Proyecto de Ley de Prórroga de la ley 26.160, hasta el 23 de noviembre de 2021. Sin embargo, el 7 de septiembre venció el plazo y la norma no fue debatida, por lo que los pueblos originarios no tienen protección jurídica ante desalojos.