El análisis a partir del Boletín Estadístico de la Procuración Penitenciaria de la Nación advierte que el estado actual de las cárceles argentinas es crítico, y que continúa con una tendencia de creciente degradación.

"Las cárceles han funcionado en los últimos años con una ocupación cercana al 90% de su capacidad de alojamiento declarada. Al finalizar el periodo 2016 la tasa de ocupación ha mantenido su tendencia creciente, superando durante todos los meses de 2017 su máximo histórico, funcionando con sobre población", describe el informe difundido por Pensamiento Penal que explicita un 6% de detenidos por fuera de la capacidad que tiene el sistema carcelario nacional.

"El fenómeno de la sobrepoblación carcelaria en la actualidad ya constituye un problema acuciante en varios servicios penitenciarios de ARgentina que, de no abordarse de forma planificada y respetuosa de los derechos de la población presa, se verá agravado con la implementación de estas medidas regresivas", advierte el documento en relación a la ley 27.375, que supone importantes restricciones para el egreso de los detenidos, un claro elemento de endurecimiento punitivo.

Los especialistas citan el uso sistemático de la prisión preventiva, la baja utilización de  las medidas alternativas a la cárcel, la reducida aplicación de libertades anticipadas, la presión de la opinión pública por inseguridad, como los indicadores más importantes en el crecimiento de la prisonización.

Según los datos oficiales, casi el 60% de los detenidos en el Sistema Penitenciario Federal se encuentran bajo prisión preventiva, por lo que sólo cuatro de cada diez presos, poseen condena firme.

Otro de los penosos ítems reflejan que sólo en el penal de Ezeiza, se registraron entre enero y octubre de 2017 nueve fallecimientos por ahorcamiento, cuando el promedio histórico es de cuatro por año. "Se advierte cómo ciertas lógicas de gestión penitenciaria, cada vez más, abonan la articulación del malestar subjetivo y de las demandas personales por la vía del propio cuerpo. La reiteración de casos de ahorcamiento como respuesta extrema ante un reclamo persistentemente desoído -ingreso de un familiar, acceso a un teléfono, suspensión de una situación de aislamiento en solitario agobiante- imponen también la necesidad de la administración de replantearse la necesidad de establecer canales de comunicación", sugieren los especialistas.

En base a experiencias internacionales, los expertos insisten en que la intención de controlar el delito con políticas de 'mano dura' impactan de manera negativa en los índices de prisonización y en las condiciones del encierro penitenciario.

 

LAS CÁRCELES FEDERALES EN NÚMEROS (TERCER TRIMESTRE 2017) by Diario Registrado on Scribd