Enrique Cresto, intendente de la segunda ciudad más pobre del país -43,6% según el Indec- estamos hablando de Concordia, en Entre Ríos, se adjudicó el poder de evitar los pasos democráticos habituales y se despachó con un decreto que declara su ciudad como Pro Vida y Pro Familia.

La decisión política llegó luego de que su iniciativa fracasara en el Consejo Deliberante, donde de 13 concejales que integran el cuerpo, 5 se manifestaron pro vida, 6 votaron en contra, 1 se abstuvo y otro estuvo ausente aquel 13 de junio, según recuerda el sitio entreriosahora.com.

"En primer lugar le recordamos al intendente Cresto que Concordia no es una teocracia y que por lo tanto no se puede imponer la doctrina religiosa por decreto. Estamos discutiendo un derecho elemental que es el derecho de salud y democrático de decidir sobre nuestro propio cuerpo", sostuvo la referente local del MST-Nueva Izquierda, Nadia Burgos.

El jefe comunal declaró en una reunión con representantes religiosos que se comprometía a la firma de un decreto por "la defensa de la vida desde la concepción, y la defensa  de las dos vidas, sino en todos sus términos", uno de los puntos sugeridos en aquel Pacto de San Antonio de Padua, celebrado en diciembre de 2016 en una iniciativa que unió a 200 intendentes de todo el país en una lista de compromisos propuestos por el papa Francisco.

Según recordó Clarín, inicialmente el pacto tuvo su origen gracias al intendente de la localidad bonaerense de Merlo, el peronista Gustavo Menéndez, aunque agrupó a jefes comunales de distintos colores políticos y creencias religiosas.