El fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, admitió su actuación en la Dirección de Inteligencia de la Policía bonaerense (DIPBA) durante la última dictadura.

Fernández Garello brindó esta confesión en un descargo que entregó a la Suprema Corte de Justicia bonaerense, en respuesta a una denuncia de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), donde negó tener responsabilidades en crímenes de lesa humanidad.

"Trabajé en la DIPBA desde 1978 a 1981 pero no realicé las tareas de inteligencia que denuncia la Comisión Provincial por la Memoria", sostuvo el cuestionado fiscal, luego de presentar el escrito de unas 30 páginas al que definió como su "descargo ante esta patraña".

Según la Comisión, la responsabilidad del marplatense en delitos de lesa humanidad comenzó a investigarse a partir de documentos de la DIPBA incorporados a dos causas judiciales, una en San Martín por el caso de Ana María Martínez y otra en San Isidro por otros tres secuestros.

Al respecto, Fernández Garello aseguró que es una “mentira” que haya participado en el secuestro y asesinato de Martínez, ya que explicó: “Cuando ocurrió eso yo hacía tres meses que había dejado mi trabajo en la DIPBA”.

Por su parte, Roberto Cipriano García, secretario de la CPM, aseveró durante una conferencia de prensa que en la causa de San Isidro hay actas firmadas por Fernández Garello y otros agentes de la DIPBA "sobre la creación de un grupo de tareas" que secuestró y torturó a tres militantes comunistas, entre otras víctimas.

"Eso sucedió en julio del año 1981 y luego Fernández Garello y su equipo fueron trasladados a la DIPBA de Tigre", afirmó el secretario de la Comisión. 

Según García, de la documentación "surge su participación en al menos 17 hechos que tienen que ver con espionaje político y gremial, entre ellos, la participación en una reunión de Madres de Plaza de Mayo con el Episcopado, en cooperadoras de escuelas y en encuentros sindicales".