Luego de que la renunciante jueza María Cristina Carrión de Lorenzo otorgara el último lunes un ultimátum a la empresa de yacimientos fiscales argentinos para dar a conocer el contrato completo con Chevrón, el directorio de YPF decidió apelar ante la justicia. 

A esto se suman los cruces entre la contradictoria Laura Alonso (que cuando era oposición planteaba que había cláusulas abusivas que había que dar a conocer y ahora que es oficialista señala que deben ocultarse por cuestiones "estratégicas") y Miguel Galuccio sobre revelar el contrato completo. 

La Corte Suprema, en noviembre de 2015, dio lugar a la acción iniciada por el diputado socialista Rubén Giustiniani que exigía una copia del documento basándose en la Ley de Acceso a la Información y desde ese momento el contrato es objeto de disputa a nivel mediático y jurídico.