El fiscal Ricardo Sáenz, uno de los principales promotores de la movilización del 18 de febrero, trabaja también como secretario general de Certal, ONG de la que forma parte el grupo Clarín a través de su empresa Cablevisión.

El escándalo por el pago de viajes a Miami a magistrados por parte de la ONG de Clarín para que asistan al seminario que organizaba en contra de la Ley de Medios llevó al punto de que en el mes de octubre de 2012 el ministro de Justicia y Derechos Humanos pidiera la recusación de uno de los jueces en cuestión: Francisco Horacio de las Carreras.

La abogada Graciana Peñafort, amicus curiae del Estado en la Ley de Medios, denunció que Sáenz "forma parte de una organización de lobby de los grupos mediáticos concentrados contra los gobiernos que afectan sus intereses".

"Es el mismo fiscal que salió a decir que la señora (fiscal de la causa Nisman, Viviana) Fein estaba siendo presionada para dejar el caso, cuestión que ella misma negó", remarcó la abogada, directora de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa.

En su capítulo argentino, el presidente de Certal es el jefe de Asuntos Legales de Cablevisión, del Grupo Clarín, Sergio Piris; el secretario general, el representante de los fiscales en la directiva de la Asociación de Magistrados Ricardo Sáenz, y la coordinadora general Ana Recondo, hija de presidente de la Asociación de Magistrados.

"Ana Recondo es la hija de Ricardo, quien tiene una postura absolutamente critica del gobierno nacional y en las cuestiones judiciales está predispuesto a generar un ataque del Poder Judicial al gobierno", enfatizó Peñafort sobre esa entidad, que en su página web publicó una carta por el caso Nisman.

En ese sentido, aseguró que Certal "es una de las típicas organizaciones de lobby empresario que tras la fachada de un organismo académico realiza operaciones de prensa, de lobby y ataques a gobiernos que afectan los intereses".

"Es una organización de lobby más, el problema es donde hacen el lobby, es en el Poder Judicial con los grandes grupos mediáticos concentrados contra los gobiernos de la región que están promoviendo reformas en la comunicación", dijo la abogada, que hizo hincapié en que varias asociaciones de magistrados, como la de Argentina, forman parte de esta entidad.