El Decreto 114/2016 publicado en el Boletín Oficial del martes pasado, establece una nueva diagramación en el Ministerio de Salud, donde aún no figuran las direcciones que se llevarán adelante. Lo que pone en peligro la continuidad de programas como el de Salud Sexual y Procreación Responsable, una herramienta fundamental para la educación en esta temática.

Mediante un comunicado, la Campaña Nacional por el Derecho Al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, denunció su "honda preocupación" ya que "en este contexto genera incertidumbre respecto del futuro de los lineamientos del mismo, el futuro de sus líneas de trabajo y el destino de sus trabajadoras/es".

El Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable "es resultado de las luchas de miles de mujeres, que se plasmaron en la sanción de la ley 25.673 que crea dicho programa. El programa asimismo es responsable de la aplicación de la ley de anticoncepción quirúrgica n° 26.130 y la ley de identidad de género, n° 26.743", indica el comunicado.

En concreto, lo que peligra es la continuidad del suministro de insumos tales como métodos anticonceptivos, tanto preservativos, como pastillas anticonceptivas, así como las capacitaciones que se venían llevando adelante y la formación de equipos de Salud centrados en el pleno acceso sin barreras al sistema sanitario.

"Por otro lado, el Programa de Salud Sexual es el resultado de la adecuación de los marcos legales en Argentina según los compromisos asumidos por nuestro país en las distintas conferencias internacionales, a saber, la Conferencia de Población y Desarrollo celebrada en el Cairo en 1994, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en 1995, y el seguimiento del Consenso de Montevideo (CRPyD) en el marco de la plataforma de acción de Cairo +20, así como a los Objetivos de Desarrollo Sostenible a los que ha suscripto nuestro país."

El escrito recuerda que "hasta la fecha Argentina ha llevado posiciones de vanguardia en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, exportando legislación a la región y siendo ejemplo a nivel internacional en el cumplimiento de los DDHH y en especial en los DSYR de las personas".

"Exigimos que se sostenga el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, sus objetivos y líneas de trabajo como así también la continuidad de las y los trabajadoras/es que lo llevan adelante. También queremos que se sostenga el presupuesto asignado para garantizar los derechos de miles de personas en nuestro país", finaliza el texto.