El flamante y polémico titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) Mariano Federici, es un abogado que trabaja en el Fondo Monetario Internacional (FMI), y ahora también es el nuevo presidente de la Unidad de Información Financiera, organismo encargado de investigar el delito de lavado de dinero.

La ley 26.683 indica que cualquiera de los funcionarios que vayan a ocupar un cargo en la Unidad de Investigación Financiera (UIF) pueden ser objetados de comprobarse que hayan representado a empresas denunciadas penalmente por lavado.

El nombramiento es polémico por eso razón. Federici será el responsable de acusar a los organismos que fugan divisas y a los que él mismo representa en forma particular: trabaja actualmente para el Fondo Monetario Internacional (FMI) y, según el portal en Orsai, está vinculado al estudio de Juan Félix Marteau, a través de la Fundación Finint, uno de los principales litigantes contra la propia UIF. Dicha fundación posee un curso de posgrado dictado junto a la UBA en el que se desempeñan como docentes Curutchet, Garavano (flamante ministro de Justicia), los jueces Claudio Bonadio, Ariel Lijo, el fiscal Raul Plee y Federici, entre otros.

El viernes pasado, el extitular José Sbatella presentó su renuncia aunque tenía mandato hasta el 26 de febrero de 2018. En la solicitada oficial se informó que Federici, de 42 años, se desempeña actualmente en el departamento jurídico del Fondo Monetario Internacional (FMI) como abogado senior, prestando asesoramiento de alto nivel en materia legal y en el diseño de políticas públicas de integridad financiera.

Por otro lado, la designación de María Eugenia Talarico, futura vicepresidenta del organismo también tiene un presente complicado que roza la ilegalidad. En 2010 se desempeñó como miembro titular del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. También es abogada del HSBC, entidad financiera acusada de haber permitido la fuga de 3500 millones de dólares en 4040 cuentas. Además, dentro de su extenso prontuario, es socia de Diego Richards, abogado del ex jefe de Metropolitana, Jorge “Fino” Palacios, en la causa que investiga las escuchas ilegales a teléfonos a personas de diversos sectores sociales y políticos, y por la cual Macri sigue procesado.