A pocos días de que el sindicalista y presidente de Independiente, Hugo Moyano, anunciara la radicalización de su postura contra el Gobierno, llegaron las denuncias y movimientos de la Justicia para poner a raya a los que se atreven a oponerse al plan de ajuste. 

Al respecto, Daniel Llermanos, abogado del líder camionero Hugo Moyano, desmintió que su defendido y su hijo Pablo estén imputados en una causa por lavado de dinero en el club Independiente y consideró que esa versión se basa "en una publicación absurda".

"Hay una pericia que fue ordenada por la fiscal en una causa que involucra a una empresa que elabora carnets para Independiente. Se notifica entonces a Hugo y Pablo Moyano que se harán estas tramitaciones, pero no hay ninguna imputación contra ellos ni tampoco procesamientos", dijo Llermanos a Télam.

La fiscal Viviana Giorgi es quien actúa en esta causa a la que se refiere el representante legal, y ordenó pericias sobre las computadoras del club que preside Hugo Moyano, en una investigación que, según fuentes consultadas por Télam, involucraría a la empresa Sistemas Integrados S.A.

De esta forma, Llermanos salió al cruce de informaciones difundidas esta noche por algunos medios y remarcó que tanto Hugo como Pablo Moyano "están a plena disposición de la Justicia".

El pasado 12 de enero, la Procuraduría que investiga lavado de activos (Procelac) denunció a Hugo Moyano y su hijo Pablo, la Federación de Camioneros, el correo privado OCA y otras empresas y entidades por presunto lavado de activos de origen ilícito.

Gabriel Pérez Barberá, titular de la Procelac, formuló la denuncia penal, que recayó por sorteo en el Juzgado en lo Penal Económico Nº3 a cargo de Rafael Caputo y en la Fiscalía Nº 8 a cargo de Alicia Sustaita.

La principal firma involucrada en esta denuncia es la empresa postal OCA, de la cual siempre se sospechó que los Moyano no eran sólo representantes de los trabajadores, sino posibles socios del empresario Patricio Farcuh, titular de la firma.

El caso se originó en un "informe de inteligencia" de la Unidad de Información Financiera (UIF) elevado a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), el 21 de diciembre de 2017.

La UIF remitió el mismo informe al Juzgado Nacional en lo Penal Económico 9, Secretaría 17, por su posible vinculación con otra causa (N° 1654/2016 "Plan Obra SA y otros s/ Infracción Ley 24.769"), consignó el escrito.

El informe de inteligencia de la UIF analizó "múltiples operaciones y movimientos financieros, comerciales y societarios" entre empresas, en parte del "grupo Rhuo", en especial desde 2008, "cuyo origen podría ser ilícito", según la denuncia de la Procelac.