En busca de promulgar la denominada Ley de Normalización de Deuda Pública que ratifique el acuerdo con los fondos buitre, por medio del cual la Argentina desembolsará 12.500 millones de dólares, el macrismo continuó su raíd ante las comisiones de Presupuesto y Economía del Senado.

 

El miércoles, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, defendió la iniciativa ante el plenario de esas comisiones, reconociendo que en las negociaciones que se llevaron a cabo en Nueva York ante el mediador del juez Griesa y los buitres "no íbamos a discutir el capital, pero sí los intereses, porque iba contra el criterio de 'pari passu'".

 

Durante el día de hoy, la mayoría de los gobernadores expusieron ante los senadores; se trata de quienes más expuestos estuvieron y están a la extorsión del gobierno de Mauricio Macri mediante la amenaza de ahogamiento financiero de las provincias; situación que fue expresada en el voto de varios diputados tras la sesión maratónica que comenzó el martes y concluyó el miércoles por la mañana.

 

Igualmente no todos los gobernadores sufren la extorsión, sino que forman parte de la misma, como el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, que planteó que o se toma deuda o despedirá a 15 mil trabajadores.

 

Schiaretti, gobernador de Córdoba, expresó que "el planteo del Gobierno fue el mejor que se podía hacer para poner fin a un litigio que le impide al país el acceso al mercado internacional" y así conseguir las tan esperadas "tasas baratas".

 

De los 19 mandatarios que asistieron sólo dos expresaron su rechazo al proyecto, uno de ellos es Pablo González, vicegobernador de Santa Cruz, y Alberto Rodríguez Saa. Por su parte Lucía Corpacci respaldaría el proyecto en caso de conseguir garantía a que no haya futuros reclamos, y que el Congreso controle que el endeudamiento será para infraestructura y se distribuya en todo el país.

 

Como se sabe, si el Senado da su visto bueno al proyecto del Ejecutivo que tiene media sanción de la cámara baja, quedarán derogadas las leyes Cerrojo y de Pago Soberano y se autorizará al Gobierno a la emisión de deuda por 12.500 millones de dólares para pagar a los buitres 11.684 millones de dólares, según precisó el propio Prat Gay.