Funcionarios, juristas y sectores gremiales cuestionaron la realización de la marcha organizada por un grupo de fiscales el miércoles pasado, al cumplirse un mes de la muerte de su colega Alberto Nisman. Además coincidieron en señalar que esa manifestación constituyó "un posicionamiento político partidario" de un sector del Poder Judicial, como así lo dijo la presidenta Cristina Fernández en una carta sobre el tema.

En este sentido, el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, manifestó este lunes en la ciudad de Córdoba que "los fiscales y jueces tienen que investigar e impartir justicia y no marchar para que se aclare la muerte del fiscal Alberto Nisman. La marcha del 18 de febrero fue utilizada políticamente por el arco opositor".

"Nosotros nos solidarizamos con la familia de Nisman, con sus hijos, con su madre, con todos aquellos que lo querían. Hay mucha gente que no fue con buena intención ni con la necesidad de que se sepa la verdad", consideró Randazzo.

Por su parte, el secretario General de la Presidencia, Aníbal Fernández, dijo este lunes que el "partido judicial", al que hizo referencia la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre los fiscales organizadores de la marcha del 18 de febrero pasado, tiene la "misma función que el Partido Militar".

"El planteo de la Presidenta es la consolidación de un pensamiento que ya tenía reconocido y plasmado la Corte Suprema de Justicia de la Nación", subrayó Fernández.

Por su parte, el ex fiscal adjunto del Juicio a las Juntas militares de Argentina y ex acusador general de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, aseguró: "Hay funcionarios judiciales que trabajan para partidos políticos".

"No toda la Justicia está atravesada por corrupción. La que está más involucrada es la Justicia que se ocupa del poder, la Justicia Penal Federal, y, después, hay bolsones", describió.

Según Télam, el fiscal federal N° 1 de Córdoba, Enrique Senestrari, consideró que la marcha del 18F "tuvo claras intenciones políticas".

Además, trabajadores judiciales advirtieron que "el sector patronal, corporativo y conservador del Poder Judicial, apoyado por las corporaciones mediáticas, se lanzó públicamente para atentar contra la democracia", y señalaron que para ese fin conformaron un "partido judicial".

En una solicitada titulada "Los trabajadores judiciales no nos traicionamos", en la que cuestionaron la movilización del miércoles pasado y el rol de del titular del gremio Julio Piumato.

El referente de la agrupación Encuentro Militancia Judicial (de la Asociación Judicial Bonaerense), Daniel Pérez Guillén, aseguró que "los trabajadores no estuvieron representados en la marcha del 18F", al considerar que el titular de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Julio Piumato, "no puede negar el contenido partidario de las figuras que convocaban".

"Marchamos con Piumato en los '90, pero desde que fue candidato tiene una conducta extraña. Se volcó hacia sectores conservadores que, por ejemplo, son los mismos que obstaculizaron los juicios por los delitos de lesa humanidad", indicó Pérez Guillén.

Por otra parte, la secretaria General de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación de Capital, Vanesa Siley, denunció que las trabajadoras judiciales padecen "maltrato laboral y discriminación por cuestiones de género" por parte de "los fiscales que convocaron a la marcha del pasado miércoles".