Un total de 43 padres de estudiantes de escuelas porteñas fueron imputados por tomas sde establecimientos educativos porteños que se llevaron a cabo durante el ciclo lectivo del año pasado.

La Fiscalía 31 de la Ciudad de Buenos Aires a cargo del fiscal Carlos Rolero Santurian comenzará con la convocatoria de los padres para que declaren sobre esos hechos, a los que se aplica una contravención, imputando a los menores por impedir el ingreso y la salida de lugares públicos.

Las tomas ocurrieron en la Escuela Superior de Educación Artística en Artes Visuales ‘Rogelio Yrurtia’, en la N° 1 ‘Presidente Roque Sáenz Peña’, en la Normal N° 6 ‘Vicente López y Planes’, en el Mariano Moreno, en la Técnica de Jardinería ‘Cristóbal M. Hicken’ y en la N° 5 ‘Martín Miguel de Güemes’.

Las imputaciones coinciden con el inicio del nuevo ciclo lectivo y obviamente apuntan a una regimentación del estudiantado porteño a través de amedrentar judicialmente a los padres que, en general, apoyaron aquellas medidas.

Y la medida adoptada por el fiscal va en consonancia con los deseos del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, cuya ministra de Educación, Soledad Acuña, precisó que “la toma de escuela es una medida extrema que perjudica el acceso a la educación a cientos de chicos”.

“En democracia no debemos perder el espacio de la palabra y el diálogo. Tiene que quedar en claro que los actos tienen consecuencias: esto es también educar en valores. Vamos a seguir aplicando el protocolo ante cada caso de toma", agregó la funcionaria macrista.

A fines de 2017, el gobierno porteño instrumentó el tristemente famoso protocolo de acción ante tomas de escuelas, que restaura responsabilidades de quienes participen o alienten esas acciones, incluyendo a docentes y padres en la eventual contravención.