En medio de una creciente ola de protestas contra las medidas antipopulares instrumentadas por el Gobierno Nacional, desde el miércoles rige el nuevo protocolo de seguridad con el que se busca limitar las protestas callejeras con el argumento de garantizar la libre circulación de vehículos.

"A partir de ahora todos van a saber a qué atenerse", anunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien precisó cómo será el proceder de las autoridades ante un eventual piquete: "Les vamos a dar cinco minutos, les vamos a decir que se vayan por las buenas... Y se van o los sacamos".

Las palabras de la ministra vienen a ratificar lo que se preveía: el nuevo protocolo instrumentado por su cartera viene no a garantizar los derechos constitucionales, como el de la protesta, sino a impedir, lisa y llanamente, que grupos de personas –organizadas o no– se manifiesten contra despidos, por el salarios, contra los tarifazos...

En diálogo con radio La Red, Bullrich dijo que las fuerzas de seguridad apostadas ante una protesta callejera, al menos en sus primeras filas, estarán equipadas con armas no letales –como las mentadas picanas Taser– y serán instruídos para realizar un uso "mínimo indispensable de la fuerza".

Como se sabe, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ya salió a impugnar este protocolo al considerar "limita de manera inconstitucional el derecho a la protesta" y "amplía las facultades policiales para reprimir y criminalizar la protesta social".