Es por haber promovido, durante su gestión en el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, una persecución política y judicial en contra de dirigentes sindicales, denominada mediáticamente como “Gestapo sindical”.

El diputado Cisneros dijo que “es incompatible que una representante del pueblo de la Nación haya perseguido a las organizaciones gremiales. Ni Vidal ni sus ministros dieron las explicaciones pertinentes, incluso dicen desconocer la situación. En los videos está claro cuando el ministro Villegas dice que la decisión era nacional, municipal y provincial sin que ninguno de los presentes planteen objeción alguna. Y los mails y testimonios de quienes organizaron la reunión son muy contundentes al señalar que el pedido de la sala venía de la gobernación de Vidal. No podemos hacernos los distraídos, la Cámara de Diputados debe dar respuestas a esta situación”.

Entre los argumentos asegura que “tal como lo demuestran las pruebas que recientemente adquirieron publicidad y notoriedad, la conducta a la que nos referimos es contraria al Estado de Derecho y a los más mínimos estándares de gobierno democrático y republicano, resulta violatoria de derechos humanos y constituye hechos de inédita gravedad institucional. Se trata de hechos susceptibles de ser tipificados como causales de “inhabilidad moral” e “indignidad”, ya que su comisión resulta incompatible con la función de representar al pueblo de la Nación. Por lo tanto, presentamos este proyecto de resolución para que la HCDN excluya de su seno a la diputada María Eugenia Vidal, en ejercicio de su facultad prevista en el artículo 66 de la Constitución Nacional”.

El proyecto contiene pruebas contundentes presentadas en la causa a partir de mails, videos y testimonios; y señala que la existencia de una “mesa judicial” con el confeso fin de perseguir dirigentes sindicales viola todo principio republicano de división de los poderes y suprime la garantía del debido proceso ante un tribunal independiente e imparcial.

Por lo tanto para el Diputado el accionar de Vidal es incompatible con los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales sobre derechos humanos, al tiempo que implica dejar de lado al “derecho penal del ciudadano” y abrazar al “derecho penal del enemigo”, propio de regímenes autoritarios cuyos métodos el ex ministro añora”.