La organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York, analizó y criticó el accionar del juez Claudio Bonadio en la causa que investiga el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA. 

Para HRW la decisión de Bonadio de procesar, el pasado 6 de diciembre, a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al excanciller Hérctor Timerman, al exsecretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini y otros funcionarios del Gobierno kirchnerista "por traición a la patria y encubrimiento no se funda en argumentos serios que permitan sustentar los cargos".

HRW indicó que la prisión preventiva "debe imponerse como último recurso", y sostuvo que no estaba justificada en el caso de los seis imputados a los que Bonadio ordenó arrestar. Y desde el organismo no gubernamental destacaron que "La Justicia debería revertir de inmediato esta decisión". 

Tras un análisis de las 419 páginas de la decisión del juez, abogados de HRW concluyeron que "los argumentos de fondo del procesamiento parecen sumamente endebles" ya que Bonadio proporcionó "escasas pruebas" que respalden la denuncia.

Se trata de la investigación en curso por el levantamiento de las alertas rojas de Interpol para la captura internacional de los acusados iraníes de haber participado en el atentado en la AMIA. Aunque Ronald Noble, secretario General de Interpol entre 2000 y 2014, dijo varias veces que las alertas se mantuvieron tras la firma del memorando.

El director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, indicó además que, aun si el acuerdo con Irán ofreció escasas posibilidades de justicia, "procesar por 'traición a la patria' a funcionarios responsables de la negociación de un acuerdo diplomático internacional parece una medida disparatada e irracional".

"Los familiares de las víctimas del atentado terrorista en la AMIA merecen que los responsables de este nefasto crimen sean enjuiciados y castigados", afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW que subrayó: "Sin embargo, en lugar de facilitar justicia para las víctimas, este procesamiento descabellado socava aún más la credibilidad del poder judicial argentino en relación con las investigaciones del atentado a la AMIA". 

Proyecto de ley 

El gobierno de Mauricio Macri tiene en carpeta un proyecto de ley que limitaría la facultad de los jueces para dictar prisión preventiva, con pautas objetivas para determinar el peligro de fuga y de obstrucción de Justicia.