Días atrás, el fiscal Jorge Di Lello imputaba al ministro de Finanzas, Luis Caputo; al titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, y otros dos exfuncionarios, luego de que formalizaran contra ellos dos denuncias por la venta de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), realizada tras la asunción del macrismo.

Como se sabe, el FGS está conformado por el conjunto de activos financieros de la Anses tras el traspaso de las AFJP al Estado, que constan de acciones en empresas de primera línea, con la finalidad de sostener en el tiempo las finanzas de la Administración.

Sin embargo, la gestión de Mauricio Macri resolvió deshacerse de esos activos, en muchos casos de modo al menos sospechoso, lo que motivó sendas denuncias de la diputada Victoria Donda (Libres del Sur) y del diputado Rodolfo Tahilade (FPV), bajo la presunción de que se produjo un perjuicio al Estado.

Este viernes y en el marco de esa causa, el juez Claudio Bonadio ordenó ocho allanamientos en oficinas oficiales, el mayor de los cuales se desplegó en las oficinas del FGS, en Tucumán al 500.

En un principio, la Policía Federal se presentó en la sede central de la Anses, en Córdoba al 700, pero los funcionarios explicaron que la documentación buscada se encontraba en el otro edificio, informó el diario La Nación.