Lejos de buscar y plantear una solución para los trabajadores de Cresta Roja, a quienes la empresa les debe varios meses de sueldo, el gobierno macrista respondió usando la Gendarmería para desalojar un piquete parcial en Ezeiza.

El conflicto que tiene en vilo a miles de familias le permite al gobierno de Mauricio Macri revelar en los hechos y en los dichos un cambio dramático en el vínculo que une –o separa– al gobierno y a la sociedad en su conjunto.

En conferencia de prensa, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue la encargada de explicar el desalojo de este martes en la autopista Riccheri, donde la orden era desalojar "con el mínimo uso de la fuerza".

La funcionaria dijo que existió una etapa de "diálogo previo" con los trabajadores de Rasic -comercializadora de la marca Cresta Roja- pero al no haber un acuerdo, se decidió el uso de la fuerza.

Además, Bullrich calificó el conflicto que afecta y pone en riesgo unos 5.500 puestos de trabajo, como "un paquetito que nos dejaron, una sorpresa muy desagradable".

La ministra pidió "a la sociedad que comprenda" la decisión de reprimir la protesta social, lo que representa un cambio de 180 grados respecto a los gobiernos de Cristina y Néstor Kirchner.

"Si se vuelve a cortar una ruta, vamos a volver a trabajar de la misma manera", amenazó por su parte la vicepresidenta Gabriela Michetti al referirse a la represión en Ezeiza, ratificando así que se trata de una política de Estado desde la asunción de Macri.

En ese sentido, calificó como "patoteros violentos" a todo trabajador que proteste por sus derechos, incluso cuando es por salarios adeudados, como en el caso de la mencionada empresa avícola.

"Recuperamos el rol del Estado de regular el conflicto entre el derecho a protestar y el derecho a circular", dijo Michetti, dejando sentado así que desde el 10 de diciembre pasado en la Argentina es más importante circular que reclamar por el pago de salarios.