De acuerdo a una investigación publicada por El Destape, otro alto funcionario estaría involucrado en maniobras para beneficiarse -a través de un familiar directo- por contratos energéticos y su articulación desde el estudio de abogados norteamericano al que pertenece este pariente,

Se trata del vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, y su hermano Norberto. Mientras el letrado que trabaja para Holland & Knight volvió a beneficiarse de contratos del Estado -ya fue imputado en una investigación sobre la emisión de deuda de las provincias argentinas en el exterior- el periodista Ezequiel Orlando aportó información que permite seguir la ruta a ambos lados del mostrador.

Norberto Quintana, abogado en Holland & Knight y hermano del segundo al mando de la Jefatura de Gabinete nacional.
Norberto Quintana, abogado en Holland & Knight y hermano del segundo al mando de la Jefatura de Gabinete nacional.

La empresa Araucaria Energy SA ganó concursos públicos en 2016 con polémicas proposiciones aceptadas por el gobierno macrista. La firma contratista offshore se alzó con licitaciones públicas para construir plantas termoelèctricas a pesar de no contar con los fondos necesarios y sin antecedentes serios.

Estos contratos describen la generación de 686 megawatts en usinas a construirse en Matheu, Lujan, Las Palmas y San Pedro, y por las que el Estado desembolsará 4,5 millones de dólares mensuales por cinco años con dinero de los contribuyentes.

A través del hermano del segundo de Marcos Peña, Araucaria Energy SA se hizo de inversores por 500 millones de dólares, pues claro, el camino del negocio estaba completamente allanado. Los ingresos para la firma fantasma estaban garantizados por CAMMESA, asegurando una recaudación de 1,4 veces el pasivo contraído, según señala el documento revelado por El Destape.

Como reveló Gabriela Cerruti en una investigación de Nuestras Voces, el hermano de Quintana había participado antes en seis de las 17 colocaciones de deuda provinciales que se realizaron desde que asumió Mauricio Macri a la Presidencia. Sin embargo, el juez Sebastián Ramos sobreseyó al funcionario.