El protocolo antiprotestas sociales con el cual el Gobierno Nacional piensa enfrentar la ola de reclamos que se avecina ante las medidas antipopulares instrumentadas por la gestión Macri, sigue sumando críticas, fundamentalmente de sectores vinculados a los derechos humanos.

A las que ya formulara el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), se suma ahora las críticas del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), que califica la norma como un retroceso en lo que respecta a "tratar y trabajar frente a protestas sociales y reclamos legítimos de la ciudadanía".

Magdalena Brocca, integrante del Observatorio, indicó que "lo más preocupante es que (con el protocolo) no es necesaria la orden de un juez para desalojar la calle, sino que la Policía puede actuar por sí misma".

"Básicamente, las fuerzas de seguridad van a poder desalojar a las manifestaciones que se produzcan en las calles, sin orden judicial y con el sólo requisito de avisarles que se tienen que retirar y esperar entre 5 y 10 minutos antes de actuar", indicó la académica.

Brocca también calificó como "preocupante que se ponga como derecho supremo el derecho al orden y a la libre circulación restringiendo las posibilidades de los ciudadanos de protestar frente a determinadas cuestiones injustas o de realizar algún reclamo".