Eduardo Barcesat representado por Graziana Peñafort y Jorge Cholvis presentaron la denuncia y el sorteo determinó que la instrucción la efectúe el juez federal Ariel Lijo.

La denuncia al presidente incluye también a parte de su gabinete como Marcos Peña (Jefe de Gabinete), Julio Martínez (ministro de Defensa), Germán Garavano (ministro de Justicia y Derechos Humanos),  Rogelio Frigerio (ministro del Interior) y Patricia Bullrich (ministra de Seguridad).

La denuncia es por supuesto “delito constitucional” y “violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad” a raíz del Decreto de Necesidad y Urgencia que estableció la “emergencia en seguridad”.

El decreto entre otros temas permite el derribo de aviones a las Fuerzas Armadas, es decir que con esta medida se instaura la pena de muerte en nuestro país, sin proceso judicial. De esta manera se viola la Constitución Argentina, disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU y la Convención Americana de Derechos Humanos.

El artículo de la Constitución citado por Barcesat establece que "el Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna".

"Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria".

Eduardo Barcesat explicó que "el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo penal de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo". Y agregó que nada le impedía al Presidente Mauricio Macri convocar a sesiones extraordinarias para tratar el tema.