Este miércoles volvieron a reclamar "¡que frenen las obras!" los vecinos de Hurlingham luego del fallido vuelo de prueba de la lowcost FlyBondi en Córdoba, que sufrió un "inconveniente técnico". 

La empresa pretende comenzar a operar a partir del 9 de febrero en esa base aérea de El Palomar, a pesar del amparo interpuesto por la justicia federal de San Martín que canceló la venta de pasajes y suspendió parte de las reformas iniciadas con el aval del Ministerio de Transporte. Convocarán nuevamente a una marcha para el 1 de febrero y los vecinos serán acompañados por varias organizaciones de Derechos Humanos, que llevan a cabo un pedido de ampliación de la medida cautelar pedido por Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora porque las obras afectan espacios de la base militar protegidos como Sitio de Memoria. 

"Desde noviembre denunciamos que FlyBondi puede ser la próxima LAPA y lo que pasó ayer fue la gota que rebalsó el vaso", le dijo Lucas Marisi a Página 12, vecino que presentó el amparo contra el uso de la base aérea como aeropuerto comercial para las lowcost, tras la novedad del aterrizaje de emergencia de la aerolínea con la que el Gobierno quiere inaugurar su política de cielos abiertos. "¿A nadie le llama la atención que en el primer vuelo ya tenga un problema? ¿No será que es una aerolínea trucha como venimos denunciando? Con talleres mecánicos que son containers, aviones con 20 años de uso y aeropuerto trucho", advirtió. 

Desde la empresa minimizaron el accidentado vuelo de prueba que se realizó en la ciudad de Córdoba con un comunicado donde sostienen que "nunca hubo un aterrizaje de emergencia ni tampoco fallas en los motores. Simplemente fue un inconveniente técnico menor", que redujo un vuelo de 20 minutos a 12. La lowcost encabazada por Richard Guy Glusman, ex socio de Mario Quintana,  vicejefe de Gabinete dijeron que "se realizó otro vuelo de prueba para asegurarnos que la falla estuviese solucionada". 

La jueza federal de San Martín. Martina Forns, canceló la venta de pasajes desde la base aérea que el Gobierno lo convirtió en comercial por decreto, para el primer vuelo que FlyBondi realizará desde Córdoba a Iguazú este viernes 26. También suspendió las obras que se realizaban en los hangares, luego de una inspección ocular el 8 de enero pasado, y que los funcionarios del Ministerio de Transporte y de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) pudieron explicarle a la letrada la ausencia de un estudio de impacto ambiental previo y fallas de seguridad. 

Pero la cautelar dictada por Forns no dice nada sobre el pedido del cese a las reformas que el ministerio de Transporte inició en el espacio conocido como "el chalet", que funcionó durante la última dictadura cívico militar como puerta de ingreso del centro clandestino de detención y está protegida por la ley de Sitios de Memoria. 

El reclamo por la violación de la ley de Sitios de Memoria está incluído en el amparo vecinal, pero la jueza Forns en su fallo solicitó la opinión del juez federales Daniel Rafecas, a cargo de las investigaciones por delitos de lesa humanidad cometidos de la base donde partían "vuelos de la muerte", y al juez de Morón Néstor Barral, quien tienen en su tribunal una denuncia en el mismo sentido presentada por la Liga por los Derechos del Hombre y la titular de la Asociación de Derechos Humanos de Hurlingham. 

Frente a la falta de respuesta de Rafecas y Barral, Nora Cortiñas e Iris Avellaneda —madre del "negrito" Avellaneda, víctima de los "vuelos de la muerte"— se presentaron ante el juzgado de Forns para pedir la ampliación de la medida cautelar que "ordene la clausura de las obras ilegales que siguen siendo realizadas en forma clandestina destruyendo un Sitio de Memoria". 

En la presentación, Cortiñas y Avellaneda le recordaron a la jueza que recorrieron junto a ella las obras durante la inspección ocular del 8 de enero, en la que "pudieron ver diversas irregularidades" y "diversos ilícitos que impunemente eran cometidos frente a los ojos de la jueza en grado de flagrancia". 

Fuente: Página 12