Un extenso informe de los periodistas Ari Lijalad y Franco Mizrahi, de El Destape, echó luz sobre los abrumadores números de las escuchas telefónicas.

La Dirección de Asistencia Legal en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) aumentó en un 60% las interceptaciones telefónicas mensuales en relación a las que realizaba la institución análoga durante el kirchnerismo.

En ese sentido, la nota destaca que el Relator Especial sobre el derecho a la privacidad de la ONU, Joseph Cannataci, dijo que "el número total de líneas interceptadas por mes es de 6.000, de las cuales sólo 69 son interceptaciones directas”. La cantidad de líneas intervenidas durante el año pasado “fue de 41.000”.

Este nivel de espionajeel presupuesto de la DAJuDeCO y, especialmente, el de la oficina de escuchas que depende de ella.

Esta oficina tenía al 2017 un presupuesto de 209 millones de pesos. En 2019 esa cifra creció a 777 millones de pesos, es decir, aumentó un 271%.

Por ejemplo, la nota cuenta que ingresó un oficia "a la oficina de escuchas con un pedido de intervención de 8 teléfonos pero con una nómina de 9 números. Un llamado de un juez, que en voz amigable requiere interceptar una línea pero sin mediar documento oficial. La orden de pinchar pabellones de un penal para seguir a un narco que se utiliza para enmascarar un caso de espionaje político.

Así, con distintas maniobras, se pueden tejer las escuchas ilegales que luego nutren operaciones mediático-políticas y alimentan artículos periodísticos y programas televisivos en medios oficialistas. Y, por ende, influyen en el terreno electoral".