Hace apenas un mes que están en la Legislatura y los libertarios ya buscan recortar el derecho básico de los sectores populares: el de protesta.

En la iniciativa, la primera del legislador desde que asumió en su banca el 10 de diciembre, Marra sostiene que "la interrupción de los servicios públicos y los inconvenientes para la movilidad y circulación dentro de CABA perjudican a miles de porteños".

"Ninguna demanda es argumento suficiente para permitir a grupos de personas realizar cortes de calles o rutas, al igual que actos de violencia", considera y agrega que "incluso si los reclamos son legítimos, no pueden realizarse piquetes que terminan por violar otras normas y afectar a toda la comunidad".

En ese marco, el proyecto que comenzará a ser debatido después del 1 de marzo, tras el arranque del período de sesiones ordinarias, plantea la prohibición de "las interrupciones al derecho a la libre circulación" y "el funcionamiento normal de los servicios públicos por parte de dos o más individuos que se manifiesten vulnerando las disposiciones vigentes, durante los días hábiles".

Además, indica que "la Autoridad de Aplicación deberá designar un espacio particular en el cual las personas puedan manifestarse sin perjudicar a terceros, debiendo hacer la solicitud correspondiente con antelación", así como de "estipular las sanciones correspondientes ante el incumplimiento" de la norma, de aprobarse.

Marra considera que "las protestas y piquetes en la Ciudad de Buenos Aires forman parte de la cotidianeidad de la urbe" y sostiene que "en consecuencia, a las demoras por el tráfico usual en la ciudad se debe agregar los problemas que traen aparejados los cortes en puntos clave".

"El derecho a peticionar a las autoridades existe, pero no permite la vulneración a otros derechos básicos y universales de los ciudadanos", destaca y señala que "la realización de piquetes por parte de grupos no sólo no favorece la deliberación democrática en la ciudad, sino que avasalla el derecho a la libre circulación y al trabajo".

Asimismo, aclara que la propuesta legislativa "no pretende restringir la libertad de expresión de aquellas personas que desean realizar reclamos, sino, por el contrario, hacer valer los derechos de todos los porteños".

"Con este objetivo en mente, el poder Ejecutivo deberá establecer un lugar en el que estos grupos puedan reunirse y expresar sus ideas y demandas, sin que esto derive en un perjuicio a terceros", detalla.