Del fallo firmado el viernes por el juez Ariel Lijo en el caso conocido como Ciccone II se desprende que la única motivación para llevar al ex vicepresidente Amado Boudou a la cárcel fue política: el magistrado procesó al banquero Jorge Brito y al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray sin prisión preventiva.

A partir de ahí, los abogados defensores Alejandro Rúa y Graciana Peñafort se basaron en el propio planeo de Lijo para argumentar que en el caso por la ruta del dinero para comprar la quebrada imprenta ya no hay sospechas de que el ex vicespresidente pueda perjudicar la investigación.

También se valieron de la constante presencia del imputado a lo largo del proceso judicial: "Siempre se mantuvo a derecho, posee arraigo, no incurrió en rebeldías, no intentó sustraerse, presenció la totalidad del debate, incluso la lectura de un veredicto que venía precedido por la posibilidad, luego concretada, de que se dispusiera su detención inmediata a pedido de una de las partes acusadoras", destacaron en la presentación ante Lijo. 

Boudou está preso en la cárcel de Ezeiza desde agosto, cuando el Tribunal Oral Federal 4 lo condenó a 5 años y 10 meses de prisión por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública en la venta de la ex Ciccone. 

El tribunal ordenó además una caución real de un millón de pesos, además de la obligatoriedad del uso de una pulsera electrónica.