Sebastián Casanello, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 7, inició el análisis de un escrito que podría develar una conexión de las fortunas de la Argentina sospechadas de haber realizado operaciones de lavado de activos con la división de Banca Privada del banco suizo UBS, parte que se dedica a facilitar a empresas e individuos determinadas estructuras societarias empleadas de manera habitual , como si fueran legales, para fugar y lavar dinero.

El miércoles Hernán Arbizu, el ex banquero del JP Morgan que confesó haber colaborado con actividades de lavado de dinero de grandes firmas con operaciones en la Argentina, presentó ante el titular Casanello un lista con más de 300 nombres de empresas y personas físicas que presuntamente eran clientes del UBS y que el JP Morgan le entregó en 2006, para que los convenciera de trasladaran su dinero del banco suizo al estadounidense. Es decir robarle clientes a la competencia.

La lista, que ya está en manos del juez y que fue enviada además a la Unidad de Información Financiera (UIF), proviene de la agenda de José Santamaría, ex banquero de UBS que se pasó a las filas del Morgan a principios de 2006, e incluye además de firmas nacionales como Clarín y sus directores, los Melhem, Bagó, Techint, Fort, Ledesma y Costantini, a otras empresas y personas físicas de Estados Unidos, España, Suiza, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Todos ellos estaban en Banca Privada, un módulo de los bancos de inversión que el propio Arbizu calificó como el eje de la evasión, la fuga de capitales y el lavado de activos.La justicia deberá desentrañar si las empresas e individuos presentes en la nómina poseían cuentas en algunos de los dos bancos involucrados y si tales activos estaban debidamente declarados. El documento se suma a una importante cantidad de pruebas aportadas a la causa por la defensa de Arbizu, mientras se espera el resultado de los exhortos enviados a Suiza y Estados Unidos para corroborar algunas de las denuncias realizadas.

Según Tiempo Argentino entre las personas jurídicas y físicas en el documento hay algunas que ya han sido reconocidas como clientes del JP Morgan, como es el caso de la familia Costantini, propietaria del complejo Nordelta; el clan Fort, dedicado a la industria de las golosinas; Natalio Garber, ex dueño de Musimundo y uno de los afectados por la estafa de Arbizu; y los principales directivos del Grupo Clarín. Entre estos últimos sobresale José Aranda, uno de los accionistas mayoritarios del Grupo, quien junto al CEO Héctor Magnetto figura también en el listado original de 469 personas físicas y jurídicas presentado por Arbizu ante el titular del juzgado federal Criminal y Correccional Nº12, Sergio Torres, en 2008, a las que el ex banquero arrepentido les habría prestado sus servicios de lavador de dinero. Cabe recordar que Magnetto, Aranda y Lucio Pagliaro (también accionista y director del multimedios) fueron denunciados en mayo de este año ante la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) por la supuesta existencia de once sociedades repartidas entre Panamá y el estado de Delaware, en Estados Unidos, reconocidos ambos como paraísos fiscales por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Las firmas en cuestión son Lafone International Corp, Hazel International SA, Harland Investment SA, Tayben Consultants SA, Luarán SA, Rultand SA, Inmobiliaria Valdivia, AGEA, Semar, Lexsol, Noirland. Estas últimas tres firmas figuran entre las empresas que Arbizu ya denunció en 2008 y sobre las que Torres pidió informes a Suiza y a organismos internacionales.

Otro de los que figura es Alejandro Scanavino, del área de contabilidad corporativa del holding y quien, junto al ex gerente Financiero y director Alejandro Urricelqui, oficiaba de interlocutor con Arbizu y otros ejecutivos del Morgan en materia del manejo de las cuentas del grupo de medios en el banco estadounidense. También aparece David Wroclavsky, quien fue gerente de contenidos del Grupo y uno de los creadores de Clarín.com. Asimismo, en la nómina aportada por los abogados de Arbizu sobresale Amalita Fortabat, ex dueña de Loma Negra, que en 2005 vendió la cementera a la brasileña Camargo Correa por una cifra que es una incógnita pero que algunos cifran en torno de los U$S  1000 millones y de la cual no dejó un solo centavo en el país, bajo el asesoramiento del actual diputado Alfonso Prat-Gay, consejero familiar en la administración del millonario patrimonio.

En el listado también figuran ex funcionarios de la última dictadura cívico-militar, como Alejandro Reynal, ex vicepresidente del Banco Central. En septiembre del año pasado, Reynal fue citado a prestar declaración por la Sala II de la Cámara Federal porteña en el marco del pedido de reapertura de una causa por delitos de lesa humanidad promovida por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que investiga el despojo del Banco Latinoamericano a su titular Eduardo Saiegh en 1980. En la actualidad, Reynal preside el directorio de MBA Lazard, firma dedicada al asesoramiento en banca de inversión y manejos de activos en Latinoamérica.