El presidente Alberto Fernández derogó el decreto de Macri que cedía a la Ciudad propiedades de la Nación por casi 14.000 millones de pesos y dispuso revisar esas cesiones.

Además de beneficiar a Horacio Rodríguez Larreta, Macri violó la ley que prohíbe ventas de bienes públicos en los últimos 6 meses de mandato. El entramado incluye casos como el del Paseo del Bajo, Viaductos y varias Playas Ferroviarias, y pone bajo la lupa los negocios inmobiliarios orquestados a partir de los traspasos de los terrenos. 

En 2019, trabajadores de la Agencia de Administración de Bienes del Estado escucharon del propio Guillermo Dietrich, por entonces ministro de Transporte, que debían pensar la AABE como si fuera una inmobiliaria y que el negocio era vender rápido los terrenos.

Durante el gobierno de Macri la AABE se dedicó a desprenderse de tierras públicas para la realización de distinto negociados inmobiliarios. En total, según información del propio organismo se vendieron 82 millones de metros cuadrados por los que recibió 650 millones de dólares, cifra que no es para nada alta: unos 8 dólares el metro cuadrado. En algunos casos, las construcciones en esos terrenos se venden entre 3.000 y 5.000 dólares el metro cuadrado. Sólo con la ciudad gobernada por Rodriguez Larreta hubo traspasos por casi 14.000 millones de pesos, aproximadamente 30 millones de dólares en los últimos 90 días de gobierno de Macri. 

 

“Durante los últimos años ha tenido lugar una profusa actividad de desprendimiento de bienes inmuebles del ESTADO NACIONAL, en especial a favor de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, lo que implicó el desapoderamiento de activos insustituibles que conformaban el patrimonio nacional y le pertenecían al pueblo argentino”, relatan los fundamentos de uno de los decretos publicados hoy en el Boletín Oficial, con la firma del presidente y todo su gabinete. 

Al día siguiente de que Alberto Fernández ganara las elecciones presidenciales, el 28 de octubre de 2019, Macri firmó el decreto 740 que le permitió “dar en pago bienes inmuebles desafectados del uso, declarados innecesarios y/o sin destino, a fin de cancelar deudas, afrontar compromisos de asistencia económico financiera y/o extinguir cualquier otra obligación de carácter pecuniario que haya asumido el ESTADO NACIONAL, en el marco de convenios, contratos, actas o acuerdos celebrados con las Provincias o la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES”.

El decreto incluía a todas las provincias pero solo se ejecutó con la ciudad de Buenos Aires. 

 

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Los fundamentos del decreto lo dejan claro: “esto se torna aún más gravoso y reprochable, cuando la medida ha sido adoptada al día siguiente de la realización de las elecciones generales para elegir, entre otro cargos, Presidente y Vicepresidente de la Nación y la dación en pago de inmuebles se realiza exclusivamente a favor de una sola jurisdicción, como ha ocurrido con las formalizadas a favor de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (CABA) durante el último semestre del fin del mandato de la gestión anterior”. 

A partir de hoy esa función de la AABE de pagar supuestas deudas con terrenos fue derogada. Pero, a su vez, el Gobierno ordenó revisar todas esas transferencias. “Deviene necesario someter a revisión los procedimientos administrativos que derivaron en la disposición de inmuebles del ESTADO NACIONAL, a efectos de proceder, en caso de detectarse irregularidades, omisiones o vicios que impliquen su nulidad, a deslindar las correspondientes responsabilidades administrativas, civiles y penales”, explica el decreto publicado hoy en el Boletín Oficial. La AABE tendrá 60 días para revisar todos los traspasos de tierras de Nación a la ciudad de Buenos Aires en los 4 años de Macri.