En la denuncia, la abogada los acusa del delito de incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos y solicita la intervención del ministerio Público Fiscal por "la cesión de vacunas en favor de establecimientos sanitarios privados y/o de carácter social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sin verificar su destino que tuvo por finalidad garantizar la vacunación de personas que no se encuentran comprendidas en los grupos prioritarios que establece el Plan Estratégico para la Vacunación contra la Covid-19 en la República Argentina".

A partir de la cesión de vacunas a centros de Salud privados se estarían "otorgando privilegios a dichas instituciones y sus socios por encima del resto de la población".

La doctora Natalia Salvo advirtió que la Ciudad "está impidiendo que personas consideradas de mayor riesgo y que necesitan vacunarse, no puedan hacerlo, aumentando sus posibilidades de contraer la enfermedad y fallecer".

Y aporta como pruebas flyers de prepagas y obras sociales que convocan a vacunarse solo a sus socios, excluyendo al resto de la población y limitando la cantidad de vacunas disponibles en el sistema público de Salud.

 

 

"Lo que supone un programa equitativo que proteja a la población terminaría siendo un negocio de privados por exclusiva responsabilidad de los funcionarios de CABA que deciden que las vacunas sean sólo para socios", indica la denuncia.