El texto de las modificaciones al Código procesal Penal porteño que busca aprobar el oficialismo este jueves, mágicamente se modificó en las horas previas al debate en el recinto en uno de los puntos que más ruido generó en la ciudadanía.

El proyecto de ley impulsado por Horacio Rodríguez Larreta habilitaba la vigilancia remota y sin límites de tiempo, arrasando con los derechos a la privacidad y a la intimidad personal, tal como lo advirtieron el CELS, Amnistía Internacional, la Asociación por los Derechos Civiles y la Fundación Vía Libre, entre otras ONGs que argumentaron por “la discrecionalidad de los procedimientos” y el impedimento de “control judicial efectivo”.

“Es un avance criminalizador inusitado. Cambiemos aprovecha su mayoría automática en la Legislatura para aprobar medidas investigativas que ni el Senado se animó a aprobar”, advirtió Myriam Bregman, legisladora del PTS-FIT.

El artículo más polémico preveía “el ingreso remoto a celulares y computadoras, la vigilancia encubierta –incluso por delitos menores y contravenciones– a través de micrófonos y GPS, la manipulación de datos y la eliminación de los rastros del espionaje”, alertaron también ACIJ, el Inecip, Poder Ciudadano y la Asociación Pensamiento Penal en un comunicado conjunto.

Después de la reacción de la ciudadanía a través de las distintas agrupaciones, el dictamen de mayoría con fecha 3 de octubre excluyó el citado artículo, sin mayores explicaciones. De acuerdo al CELS, "aunque el proyecto sigue teniendo algunos problemas importantes el artículo que establecía estas medidas de vigilancia fue eliminado del dictamen de mayoría". 

Sin embargo, la iniciativa tiene otro punto oscuro que incorpora las figuras de agente encubierto, agente revelador, informante y entrega vigilada pero “sin individualizar los delitos en cuya investigación deberán participar”, y prevé escuchas sin límite temporal, con lo cual se “elimina todo criterio de razonabilidad, necesidad, proporcionalidad y racionalidad”, según replicó Página 12.

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