La pelota, y los derechos, no se manchan
Días atrás los diarios Clarín y La Nación denunciaban que la decisión de crear el “Fútbol para todos” le había costado al país, desde su implementación hasta hoy, 4000 millones de pesos. Como era de esperar, el número generó una inmensa controversia especialmente en aquellos que entienden que tal medida no es otra cosa que una de las formas en las que se manifiesta la política populista del kirchnerismo. 
Sin embargo, inmediatamente, desde el gobierno nacional se aclaró que el gasto había sido de 2000 millones y, lo más importante, que esa erogación no supuso una partida extra sino que es el fruto de una reorientación del dinero que se iba a utilizar para pauta oficial. Así, la posibilidad de televisar todos los partidos en vivo fue visto por el gobierno como un espacio ideal donde poder comunicar sus acciones, algo central en cualquier república moderna. 
No obstante, quisiera aprovechar estas líneas para indicar que el debate acerca del dinero que cuesta el “Fútbol para todos” es inadecuado. Dicho de otro modo, al interior del formato que ha adquirido la televisación de los partidos hay muchas cosas para discutir en diferentes niveles. Podría indicarse que la pantalla de Canal 7 está sobrecargada de fútbol y que haría falta generar una señal alternativa y pública que pudiera llegar a todos los hogares; también podría abrirse un debate acerca de habilitar una mayor intervención de sponsors privados a los fines de recaudar más y utilizar ese dinero en el fomento, por ejemplo, de otros deportes. Esas son algunas de las cuestiones sobre las que puede abrirse un interesante intercambio. 
Sin embargo, decía, hay un aspecto más importante a partir del cual se notará que el debate es, en un sentido más abstracto, inadecuado. Me refiero a que cuando se habla de cuánto se gasta y se afirma que son 4000 millones, 2000 millones, o 100 pesos y que ese dinero podría utilizarse para otra cosa, se pasa por alto que el fútbol no es un servicio sino un derecho. En otras palabras, el fútbol es un bien cultural y, por ello, lo que algunos llaman “gasto” debería considerarse “inversión” del mismo modo que nadie puede hablar de “gasto” en cultura, salud o educación. Es más, en parte, esta discusión es similar a la que se da en torno a lo que gasta Aerolíneas Argentinas. 
Así, frente a los que señalan lo que cuesta mantener la aerolínea de bandera, la respuesta es que el Estado es responsable de velar por el cumplimiento de los derechos de los argentinos, además de, claro está, las razones más profundas acerca de la importancia, en términos de soberanía, de darle unidad y circulación a un territorio tan vasto. Este punto es muy interesante porque también muestra la dinámica de lo que se considera un derecho. Es más, recuerdo que en el momento en que el gobierno lanza el “Fútbol para todos” planteé mis dudas acerca de si podía considerarse el ver fútbol un derecho. 
Pasado el tiempo, esas dudas se disiparon creo, no sólo en mí, sino en una gran mayoría de la población que ya ha naturalizado que los partidos se ven en vivo y en cualquier lugar. Ni Cables, ni abonos pay per view, ni transmisión de las tribunas, ni bares con partidos codificados sólo con equipos grandes.  Dicho esto y para finalizar, la diferencia entre un servicio sobre el que el Estado no tiene por qué responsabilizarse y un derecho, claro está, es dinámica, no figura en ningún manual y menos que menos puede configurarse a priori. Sin embargo un buen test puede surgir de la interpelación a la ciudadanía con una pregunta simple que, en este caso sería: ¿aceptarías tener que pagar por ver los partidos y no poder ver los goles hasta las 22hs del domingo? Si la respuesta es “no” hay buenas razones para suponer que se ha internalizado un nuevo derecho.  

Días atrás los diarios Clarín y La Nación denunciaban que la decisión de crear el “Fútbol para todos” le había costado al país, desde su implementación hasta hoy, 4000 millones de pesos. Como era de esperar, el número generó una inmensa controversia especialmente en aquellos que entienden que tal medida no es otra cosa que una de las formas en las que se manifiesta la política populista del kirchnerismo. 

Sin embargo, inmediatamente, desde el gobierno nacional se aclaró que el gasto había sido de 2000 millones y, lo más importante, que esa erogación no supuso una partida extra sino que es el fruto de una reorientación del dinero que se iba a utilizar para pauta oficial. Así, la posibilidad de televisar todos los partidos en vivo fue visto por el gobierno como un espacio ideal donde poder comunicar sus acciones, algo central en cualquier república moderna. 

No obstante, quisiera aprovechar estas líneas para indicar que el debate acerca del dinero que cuesta el “Fútbol para todos” es inadecuado. Dicho de otro modo, al interior del formato que ha adquirido la televisación de los partidos hay muchas cosas para discutir en diferentes niveles. Podría indicarse que la pantalla de Canal 7 está sobrecargada de fútbol y que haría falta generar una señal alternativa y pública que pudiera llegar a todos los hogares; también podría abrirse un debate acerca de habilitar una mayor intervención de sponsors privados a los fines de recaudar más y utilizar ese dinero en el fomento, por ejemplo, de otros deportes. Esas son algunas de las cuestiones sobre las que puede abrirse un interesante intercambio. 

Sin embargo, decía, hay un aspecto más importante a partir del cual se notará que el debate es, en un sentido más abstracto, inadecuado. Me refiero a que cuando se habla de cuánto se gasta y se afirma que son 4000 millones, 2000 millones, o 100 pesos y que ese dinero podría utilizarse para otra cosa, se pasa por alto que el fútbol no es un servicio sino un derecho. En otras palabras, el fútbol es un bien cultural y, por ello, lo que algunos llaman “gasto” debería considerarse “inversión” del mismo modo que nadie puede hablar de “gasto” en cultura, salud o educación. Es más, en parte, esta discusión es similar a la que se da en torno a lo que gasta Aerolíneas Argentinas. 

Así, frente a los que señalan lo que cuesta mantener la aerolínea de bandera, la respuesta es que el Estado es responsable de velar por el cumplimiento de los derechos de los argentinos, además de, claro está, las razones más profundas acerca de la importancia, en términos de soberanía, de darle unidad y circulación a un territorio tan vasto. Este punto es muy interesante porque también muestra la dinámica de lo que se considera un derecho. Es más, recuerdo que en el momento en que el gobierno lanza el “Fútbol para todos” planteé mis dudas acerca de si podía considerarse el ver fútbol un derecho. 

Pasado el tiempo, esas dudas se disiparon creo, no sólo en mí, sino en una gran mayoría de la población que ya ha naturalizado que los partidos se ven en vivo y en cualquier lugar. Ni Cables, ni abonos pay per view, ni transmisión de las tribunas, ni bares con partidos codificados sólo con equipos grandes.  Dicho esto y para finalizar, la diferencia entre un servicio sobre el que el Estado no tiene por qué responsabilizarse y un derecho, claro está, es dinámica, no figura en ningún manual y menos que menos puede configurarse a priori.

Sin embargo un buen test puede surgir de la interpelación a la ciudadanía con una pregunta simple que, en este caso sería: ¿aceptarías tener que pagar por ver los partidos y no poder ver los goles hasta las 22hs del domingo? Si la respuesta es “no” hay buenas razones para suponer que se ha internalizado un nuevo derecho.