Parece que el Gobierno anda de colmo en colmo, ya que luego que se conociera que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, insultó y echó por WhatsApp a una empleada que tenía en negro, ahora la Oficina Anticorrupción (AO) que maneja Laura Alonso y que debe velar por la Ética Pública, se vio involucrada en un conflicto de intereses.

Es que la OA contrató como agente de prensa a una consultora vinculada al PRO, que además hace lobbying para empresas privadas, situación que se contradice con la función que tiene el organismo, según informó Página 12.

Entre los servicios que promociona Consuasor, la compañía contratada por Alonso, figuran la estrategia comunicacional y el análisis de “riesgo político-regulatorio”, a la vez que ofrecen “un enfoque profesional, original y ético del lobbying en tanto gestión de intereses de los clientes antes los gobiernos”.

Fuente: Página 12.
Fuente: Página 12.

Al respecto del lobbying, el artículo 13 de la ley de Ética Pública por la que debe velar la Oficina Anticorrupción especifica que “es incompatible con el ejercicio de la función pública dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado”.

Es decir que la OA, que tiene entre sus tareas la de investigar el cruce de intereses estatales y privados, le está pagando a una consultora que también trabaja para empresas que buscan incidir en políticas gubernamentales. De esta manera, ahora Consuasor puede representar los intereses de los privados desde dentro del Estado mismo.

Por otro lado, Consuasor fue fundada en el 2005 por, entre otros, el fallecido Juan Gentile, quien fue jefe de prensa del bloque PRO en el Congreso entre 2008 y 2012, y también estuvo a cargo de la prensa del partido de Mauricio Macri entre 2012 y 2013. Además, fue secretario de Comunicación Pública del gobierno de Cambiemos.