Patricia Ramallo, fiscal federal de Río Gallegos, resolvió investigar la denuncia penal presentada por Cristina Fernández de Kirchner, por la filtración de las escuchas telefónicas entre la expresidenta y el extitular de la AFI, Oscar Parrilli.

La fiscal pidió como medidas de prueba que el juez Ariel Lijo –quien había ordenado las escuchas– y la Dirección de Captación dependiente de la Corte Suprema presenten un informe sobre la cadena de custodia sobre las escuchas.

Ramallo pidió incluso que declare como testigo el director general de la mencionada Dirección, Juan Rodríguez Ponte, quien –como se sabe– fue secretario de Lijo.

La fiscalía pidió al juez federal subrogante de Río Gallegos, Javier Leal de Ibarra, una serie de medidas al impulsar el caso, pero este magistrado se excusó porque es uno de los titulares de la Dirección de Captación de Comunicaciones, encargada de realizar las intervenciones telefónicas; justamente, una de las dependencias que Cristina pidió investigar.

El caso pasó ahora al  juez Aldo Suárez, quien tendrá a su cargo la investigación a partir de la denuncia por los posibles delitos de violación de secretos y de la privacidad, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios públicos y malversación de caudales públicos.