LA FAMILIA JUDICIAL SE RESISTE A LOS CAMBIOS
Por Mauro Federico
El clima era festivo. A pesar de la dura semana que quedaba atrás, con decenas de muertos bajo las aguas de una inundación cuyas consecuencias nadie previno, el salón Mujeres del Bicentenario estaba colmado. Militantes embanderados, funcionarios,  legisladores, dirigentes sociales, sindicalistas y varios integrantes de la familia judicial fueron convocados para presenciar el acto formal donde Cristina Fernández de Kirchner presentó los proyectos de ley con los que pretende avanzar en la denominada “democratización de la Justicia”. Todos estaban exultantes. Menos uno. Tenso, con una sonrisa prefabricada para las cámaras, sentado a la derecha de la Primera Mandataria, se encontraba el titular del Poder del Estado que menos cambios estructurales efectuó en los 30 años de democracia. Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, estuvo incómodo durante los 62 minutos que la Presidenta se tomó para anunciar el envío de las iniciativas que ya había anticipado ante la Asamblea Legislativa el pasado 1º de marzo, con el objeto de introducir cambios en el sistema judicial. Aunque los partidos de la heterogénea oposición fueron invitados, la gran mayoría se ausentó con aviso.
Luego de los anuncios, las cámaras legislativas comenzaron el tratamiento de los seis proyectos enviados por el Ejecutivo. Senadores empezó a debatir los primeros tres: el que regula las medidas cautelares, el que reforma el Consejo de la Magistratura y el que crea cámaras de Casación en los fueros Comercial, Laboral y Contencioso Administrativo. Por su parte, Diputados iniciará el martes 16 las discusiones de los restantes: el referido al acceso público y libre a las declaraciones juradas de funcionarios, el que habilita el ingreso igualitario y democrático de personal al Poder Judicial, y el que obliga a publicar en la web las decisiones de la Corte Suprema. Pero, aunque el kirchnerismo se ilusiona con darle pronto trámite parlamentario aprobando a libro cerrado las iniciativas y con poner en marcha las medidas antes de las próximas primarias abiertas –donde se podrían llegar a elegir los primeros consejeros–, es muy factible que la discusión no se agote en el Congreso y que, tal como sucedió con la ley de medios, derive hasta la Corte Suprema.
No son pocos los sectores que aprestaron sus fusiles dispuestos a defender con uñas y dientes una estructura que les ha permitido manejar la administración de justicia en la Argentina, protegiendo sus intereses y obteniendo muy buenos dividendos. Los apellidos que tradicionalmente manejaron los hilos del Poder Judicial argentino miran con recelo el movimiento gestado por la agrupación Justicia Legítima, integrada por jueces, fiscales y defensores que reclaman cambios en el Poder Judicial y liderado por la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
A excepción de Raúl Zaffaroni, los restantes miembros de la Corte y la conservadora Asociación de Magistrados forman el núcleo duro de la resistencia. También la Escuela Judicial, dirigida por Elena Highton de Nolasco, y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, encabezado por Jorge Rizzo, quien ya anticipó que llevará el tema a la Justicia. La reforma tampoco es del agrado de la mayor parte de la Justicia federal, sobre todo de aquellos jueces que hoy reciben “favores” de las partes involucradas en juicio; ni de las eminencias del mundo académico, que forman desde la misma facultad de Derecho –pública y gratuita, pero nunca popular– cuadros para sumar a la familia judicial.

El clima era festivo. A pesar de la dura semana que quedaba atrás, con decenas de muertos bajo las aguas de una inundación cuyas consecuencias nadie previno, el salón Mujeres del Bicentenario estaba colmado. Militantes embanderados, funcionarios,  legisladores, dirigentes sociales, sindicalistas y varios integrantes de la familia judicial fueron convocados para presenciar el acto formal donde Cristina Fernández de Kirchner presentó los proyectos de ley con los que pretende avanzar en la denominada “democratización de la Justicia”. Todos estaban exultantes. Menos uno. Tenso, con una sonrisa prefabricada para las cámaras, sentado a la derecha de la Primera Mandataria, se encontraba el titular del Poder del Estado que menos cambios estructurales efectuó en los 30 años de democracia. Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, estuvo incómodo durante los 62 minutos que la Presidenta se tomó para anunciar el envío de las iniciativas que ya había anticipado ante la Asamblea Legislativa el pasado 1º de marzo, con el objeto de introducir cambios en el sistema judicial. Aunque los partidos de la heterogénea oposición fueron invitados, la gran mayoría se ausentó con aviso.

Luego de los anuncios, las cámaras legislativas comenzaron el tratamiento de los seis proyectos enviados por el Ejecutivo. Senadores empezó a debatir los primeros tres: el que regula las medidas cautelares, el que reforma el Consejo de la Magistratura y el que crea cámaras de Casación en los fueros Comercial, Laboral y Contencioso Administrativo. Por su parte, Diputados iniciará el martes 16 las discusiones de los restantes: el referido al acceso público y libre a las declaraciones juradas de funcionarios, el que habilita el ingreso igualitario y democrático de personal al Poder Judicial, y el que obliga a publicar en la web las decisiones de la Corte Suprema. Pero, aunque el kirchnerismo se ilusiona con darle pronto trámite parlamentario aprobando a libro cerrado las iniciativas y con poner en marcha las medidas antes de las próximas primarias abiertas –donde se podrían llegar a elegir los primeros consejeros–, es muy factible que la discusión no se agote en el Congreso y que, tal como sucedió con la ley de medios, derive hasta la Corte Suprema.

No son pocos los sectores que aprestaron sus fusiles dispuestos a defender con uñas y dientes una estructura que les ha permitido manejar la administración de justicia en la Argentina, protegiendo sus intereses y obteniendo muy buenos dividendos. Los apellidos que tradicionalmente manejaron los hilos del Poder Judicial argentino miran con recelo el movimiento gestado por la agrupación Justicia Legítima, integrada por jueces, fiscales y defensores que reclaman cambios en el Poder Judicial y liderado por la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

A excepción de Raúl Zaffaroni, los restantes miembros de la Corte y la conservadora Asociación de Magistrados forman el núcleo duro de la resistencia. También la Escuela Judicial, dirigida por Elena Highton de Nolasco, y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, encabezado por Jorge Rizzo, quien ya anticipó que llevará el tema a la Justicia. La reforma tampoco es del agrado de la mayor parte de la Justicia federal, sobre todo de aquellos jueces que hoy reciben “favores” de las partes involucradas en juicio; ni de las eminencias del mundo académico, que forman desde la misma facultad de Derecho –pública y gratuita, pero nunca popular– cuadros para sumar a la familia judicial.