La Corte se quedó con dinero del caso IBM-Nación
El actual directorio del Banco reclamó que el dinero entregado por los imputados a cambio de un "juicio abreviado" por el que recibieron penas menores, fuera restituido pero los jueces se ampararon en una Ley que considera fondos del Poder Judicial lo obtenido en causas penales.
18 millones de pesos, supuestamente abonados en forma de "dádivas" por la multinacional a cambio de lograr un contrato de provisión de equipos para el Banco Nación durante el gobierno de Carlos Menem, fueron a parar a las arcas de la Corte Suprema de Justicia.
El máximo tribunal falló a su favor, al rechazar el reclamo del actual directorio del banco para que esos fondos fueran "restituidos", después de que en noviembre de 2009 los siete acusados por aquel resonante caso de corrupción reconocieran su responsabilidad y acordaran, mediante el mecanismo de "juicio abreviado", penas menores -de hasta tres años de prisión en suspenso-, y la devolución del dinero en concepto de "restitución de la cosa obtenida por el delito".
El fallo lleva las firmas de Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay, quienes consideraron "inadmisible" el planteo del Banco Nación y, de esa manera, hicieron valer el artículo tercero de la Ley 23.853, que establece que "constituyen recursos específicos, propios del Poder Judicial de la Nación, afectados al Presupuesto de Gastos e Inversiones el producto de la venta o locación de bienes muebles o inmuebles afectados al Poder Judicial de la Nación; efectos secuestrados en causas penales que no hayan podido entregarse a sus dueños; objetos comisados..., y todo otro ingreso que no teniendo un destino determinado se origine en causas judiciales".
La escandalosa causa
La causa se había iniciado en 1994 por el pago de unos 21 millones de dólares en "dádivas" en la Licitación 60/93 sobre el denominado "Proyecto Centenario", mediante el cual IBM debía informatizar 525 sucursales del Banco Nación.
El 11 de noviembre de 2009, dos semanas antes del juicio oral y público, Alfredo Aldaco, presidente de la Comisión de Sistemas del Banco de la Nación; Mario Dadone, Genaro Contartese y Hugo Gaggero, directores de la entidad; Gustavo Soriani, vicepresidente de Operaciones de IBM Argentina, y Juan Carlos Cattáneo y Alejandro De Lellis, intermediarios de la maniobra, acordaron ante el Tribunal Oral Federal Nº 3 las penas y la devolución del dinero.
El "juicio abreviado" es un mecanismo por el cual los imputados admiten la autoría del hecho por el que están acusados y comprometen una serie de conductas a cambio de obtener una pena menor a la que podrían recibir en el juicio oral.
Tras aquel acuerdo, el Banco Nación reclamó el dinero que devolvieron los imputados y también otros fondos que se habían decomisado en sus cuentas bancarias, el equivalente a computadoras que había facturado la empresa como sobreprecio para pagar las dádivas.