Este miércoles, la familia Maldonado junto a organizaciones de derechos humanos y partidos de izquierda se movilizaron a Plaza de Mayo –y en las principales plazas del interior del país– para "pedir justicia" por Santiago.

A tres meses de la desaparición del joven que el 17 de octubre fue hallado muerto en el río Chubut, la principal consigna fue "el Gobierno es responsable".

Como prevención de eventuales incidentes y represión a partir de la actividad de infiltrados de fuerzas de seguridad entre los manifestantes –como ocurriera en ocasiones anteriores–, la Justicia porteña concedió una medida cautelar para resguardar la seguridad de los participantes.

Mediante una resolución, el juez Marcelo López Alfonsín ordenó al Gobierno porteño que "extreme los recaudos que correspondan a fin de garantizar el respeto y protección de los derechos de los participantes en la manifestación".

Para formular tal solicitud, el magistrado hace alusión a que "en manifestaciones anteriores sucedieron hechos que fueron de público y notorio y cuyas responsabilidades y consecuencias se hallan en investigación".

Así se refirió a los disturbios y actos vandálicos –incluidos a taques a periodistas y camarógrafos– provocados por encapuchados en las marchas anteriores, denunciados por manifestantes, organizaciones y dirigentes como infiltrados de fuerzas de seguridad o inteligencia del Estado.

El juez López Alfonsín concedió parcialmente la medida, detallando que es puntualmente el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el responsable de proteger a los manifestantes, a partir de la sanción de la ley porteña de Seguridad Integral y la creación de la Policía local.