El operador judicial macrista Fabián "Pepín" Rodríguez Simón reapareció en público este lunes. Y lo hizo, justamente, en plena sesión del Parlasur, a pesar de que se encuentra prófugo de la Justicia argentina desde el 8 de diciembre de 2020.

Rodríguez Simón esta investigado en la causa que se lleva adelante sobre la mesa judicial que presionaba a jueces y fiscales durante el Gobierno de Mauricio Macri.

La reaparición de "Pepín" Rodríguez Simón fue este lunes en la sesión del Parlasur que volvió a funcionar de forma presencial, en la ciudad de Montevideo.

Sentado en su banca, el operador macrista se mostró en público después de mucho tiempo y a pesar de que la Justicia argentina dictó una orden de detención.

En el encuentro, Rodríguez Simón intentó hacer uso de la palabra, pero ante el murmullo generalizado de los legisladores decidió huir de la sesión y abandonó el recinto.

El exoperador judicial lleva casi 500 días prófugo desde que a fines de 2020 se autoexilió a Uruguay alegando que era un perseguido político. Pero la jueza federal María Servini lo declaró en rebeldía y ordenó su captura nacional e internacional.

Fabián Rodríguez Simón fue una pieza clave en la mesa judicial que orquestó operaciones contra opositores y se valió del espionaje -incluso a funcionarios y dirigentes de Cambiemos- para mantener a raya a quien se atreviera a contradecir los deseos del poder.

Incluso la jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó entrecruzar los llamados del celular de Rodríguez Simón para determinar si la judicial ejerció presiones indebidas sobre la exprocuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, hasta forzar su renuncia.

Gils Carbó no fue la única víctima de aquel accionar. En el mismo expediente declararon también otros exmagistrados, entre ellos el destituido Eduardo Freiler, y jueces como Ana María Figueroa (Casación Federal), Eduardo Farah (Cámara Federal porteña) y el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla.

Rodríguez Simón es investigado por "la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción".