Durante más de medio siglo nuestro sufrido continente latinoamericano ha sido escenario de dictaduras cívico-militares instauradas a sangre y fuego, que limitaron los períodos de gobiernos elegidos por el voto del pueblo, condicionando el rol transformador de la política al designio conservador de las botas y los fusiles.

Afortunadamente, desde hace ya varios años, ese poder omnímodo del sector castrense ha ido disminuyendo hasta convertirse prácticamente en inexistente y la amenaza latente de un golpe de estado perpetrado por las fuerzas armadas ha dejado de preocupar a nuestras sociedades.

Sin embargo, los intentos desestabilizadores continúan, aunque con otros protagonistas. Hoy los golpes no son militares, sino policiales. Y lo hemos visto con claridad en Ecuador, Bolivia y Brasil durante los últimos años, donde los gobiernos de Rafael Correa, Evo Morales o Dilma Rousseff sufrieron las consecuencias  de las asonadas de sus fuerzas de seguridad, la mayor parte de las veces camufladas de reclamos salariales.

Es en este contexto donde se debe enmarcar el análisis de lo ocurrido esta semana en la provincia de Córdoba, cuando un acuartelamiento de la policía supuestamente en demanda de mejoras en las condiciones de trabajo, promovió saqueos organizados, terror y muerte durante 36 horas en las calles de la capital mediterránea.

Una tardía e ineficaz respuesta del gobierno de José Manuel De la Sota logró sofocar lo que pudo haberse evitado, de haber encausado una negociación con los uniformados que terminó por desbarrancarse, promoviendo esta situación de suma gravedad institucional para la provincia.

Lo que no puede soslayarse es que la cúpula de esta misma policía fue descabezada hace menos de tres meses luego de que una investigación judicial desnudara sus conexiones con bandas de narcotraficantes que operan en territorio cordobés. Y que a partir de allí, también tardíamente, el gobernador comenzó a recortar los circuitos de la recaudación paralela que conforman una significativa porción de los ingresos de sus uniformados.

La hipocresía del sistema político es pactar con las fuerzas de seguridad en este sentido. Darles carta blanca para que facturen cobrando protección al delito que deberían combatir, a cambio de que no permitan grandes quilombos que pongan en peligro la gobernabilidad.

Desgraciadamente este problema no es exclusivo de los cordobeses. Un relevamiento realizado a mediados de 2011 en base a datos de jefes policiales y especialistas en seguridad determinó que las 53 comisarías de la Policía Federal ubicadas en territorio de la Ciudad de Buenos Aires manejaban en conjunto una caja paralela de unos cinco mil millones de pesos anuales, producto de la recaudación ilegal. El presupuesto oficial para el funcionamiento de la fuerza en 2011 fue de 4.813 millones de pesos.

"Los diversificados y rentables mercados minoristas de drogas ilegales, autopartes desguazadas de automóviles robados y servicios sexuales garantizados a través de la trata de personas siempre han tenido protección policial, así como también la tienen las actividades ilícitas llevadas a cabo por las principales barras bravas de los clubes de fútbol más grandes del ámbito porteño", asegura el diputado bonaerense Marcelo Saín, especialista en políticas de seguridad y ex titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

A esto hay que agregarle negocios de menor cuantía, que alimentan la caja paralela, como el armado de causas fraguadas contra personas inocentes, la prostitución de barrio, la vista gorda ante actividades económicas y comerciales "flojitas de papeles", el peaje a los trapitos y a los vendedores ilegales, entre otros rubros. "Gran parte de estos recursos son distribuidos con diferentes criterios entre el comisariato, pero otro tanto es usado para afrontar los gastos de funcionamiento y de capital de la propia institución y a mejorar los ingresos de numerosos jefes y oficiales", agrega Saín.

Queda claro que sin control político, las fuerzas de seguridad son ejércitos armados al servicio del mejor postor. En Córdoba y en cualquier otro distrito.