En enero último y a propósito de cumplirse un año de prisión de Milagro Sala, el gobernador Gerardo Morales era entrevistado por radio Mitre y criticaba a la OEA y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al considerar que “han escuchado una sola campana”.

No obstante, aclaraba que “las decisiones de la OEA se aceptan, y si la CIDH resuelve una cautelar y dice que tal persona tiene que quedar libre, esa resolución es jurisdiccional”, para agregar que “guste o no guste, hay que cumplirlo”.

Y bien, la CIDH pidió este viernes que se "asegure la integridad" de Milagro Sala, detenida en Jujuy desde enero de 2016, beneficiándola con prisión domiciliaria o libertad controlada.

“Tomando en cuenta la excepcionalidad de la prisión preventiva, y el agravamiento de la situación riesgo a la vida e integridad personal como resultado de las particularidades que tiene la continuidad de la privación de libertad de la beneficiaria, así como los presuntos hostigamientos que habría enfrentado y la necesidad de salvaguardar tales derechos, las autoridades competentes adopten, a la luz de los estándares descritos, medidas alternativas a la detención preventiva, como el arresto domiciliario, o bien, que la señora Milagro Sala pueda enfrentar los procesos en libertad con medidas como la fiscalización electrónica”, dice uno de los párrafos del fallo de la CIDH.