Las declaraciones del pastor evangélico y ex senador provincial Héctor Bonarrico, reconociendo que la donación que debería haber realizado el gobierno mendocino a su fundación era parte de un “acuerdo político” entre su Partido Movimiento de Acción Social (MASFE) con el oficialista Cambia Mendoza para que su agrupación no lleve candidatos en las últimas elecciones: “Esto fue parte del acuerdo que MásFe hizo con el Gobierno en las elecciones pasadas”, sostuvo el pastor.

En la presentación la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti le pidió a la Justicia que se averigüe la existencia de estos posibles delitos:

a) Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (Art. 265 del CP), delito que se configura ante el involucramiento en contratos u operaciones públicas para beneficio propio del funcionario que debe intervenir.

b) Enriquecimiento ilícito de funcionarios (Art. 268 (2) CP);

c) Malversación de caudales públicos (Art. 261 segundo supuesto CP).

d) Cohecho y tráfico de influencias (Art. 256 CP).

Fernández Sagasti explicó que irán “hasta las últimas consecuencias para saber si es un hecho aislado la posible compra de la voluntad de Bonarrico para que vote leyes y se baje de la candidatura, o es un modus operandi del Gobierno Provincial”.