Cuando dejó el cargo de presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) para asumir como ministro de Agricultura, Luis Miguel Etchevehere recibió una jugosa indemnización de la entidad: medio millón de pesos.

Al parecer, la compensación por servicios prestados –o a prestarse como titular de la cartera afín– generó una división en la comisión directiva de la SRA, llevándose a votación la decisión final: por ajustado margen, ganaron los partidarios de la bonificación.

Pero ahora se desató el escándalo: según publica La Nación, 26 delegados del distrito 2 de la SRA, que abarca territorio bonaerense, enviarán una carta al actual presidente de la entidad, Daniel Pelegrina, en el que expresan su "profundo desagrado" a la decisión.

Los delegados sostienen en la carta que "este pago –bono, bonificación– va en contra del espíritu de la SRA, es un pésimo ejemplo, un pésimo antecedente, que no sólo afecta el buen nombre y honor de la Sociedad Rural Argentina, sino que afecta al sector Campo".

Y afirman que "la persona de campo es austera, y esta conducta es profundamente contraria a la filosofía que caracteriza al productor", por lo cual solicitan que el estipendio abonado al actual ministro de Agroindustria "sea devuelta a la SRA a la brevedad".

Como se recordará, no es la primera vez que Etchevehere es acusado públicamente por su conducta a nivel económico y financiero. Fue su propia hermana, Dolores Etchevehere, quien disparó al conocerse su designación oficial: "Es gravísimo que Macri elija como ministro a mi hermano, que tiene causas por evasión y lavado de dinero”.

“¿Por qué elige como ministro a una persona que tiene causas penales en la Justicia Federal y que vació la empresa del Diario Paraná, donde debe sueldos hace tres años?”, expresó en declaraciones radiales, agregando una posible respuesta: “Quizás lo designó porque tiene algún compromiso que cumplir…”

Dolores precisó además que el ministro tiene en su contra “17 causas tanto en el fuero civil y comercial como en el penal, en la Justicia ordinaria y Federal”, señalando que “las empresas de mi hermano están todas intervenidas judicialmente, y los balances no están aprobados”.