Mientras las cuatro centrales sindicales analizan la realización de una huelga general que se concretaría en los primeros días de junio próximo, el Gobierno no pierde el tiempo y oficializó el veto a la Ley de Emergencia Ocupacional promulgada en el Congreso.

Este lunes y con la firma de Mauricio Macri, se publica en el Boletín Oficial el decreto del PEN 701/2016, que veta en su total la norma con el argumento de que "su aplicación congelará los empleos".

En los considerandos de la medida, se señala también que la ley antidespeidos "mantendrá en la misma situación a los miles de argentinos que hoy trabajan en la informalidad e incrementará la pobreza, como sucedió en los últimos años".

Según el Presidente, la Ley vetada "no acompaña el contexto actual en el que la enorme mayoría de las empresas nacionales y extranjeras han manifestado su vocación de crear puestos de trabajo en lugar de reducir personal, porque confían en el potencial de la República Argentina en esta nueva etapa, y apuestan por el país".

Una apreciación oficial que, como se sabe, se da de bruces con la realidad: todos los indicadores apuntan a la gran inestabilidad que sufre el empleo en la Argentina, en particular por una paralización general de la economía desde que asumiera Macri.

Como se sabe, la Ley de Emergencia Ocupacional que la semana pasada había votado Diputados, preveía la suspensión de despidos por 180 días y la doble indemnización, en el marco de una situación generalizada de despidos que el propio Macri inició con cesantías masiva en el Estado.