El Senado aprobó reformas en la Ley de Educación Superior del menemismo, que garantiza que el Estado argentino financie las universidades y la gratuidad de los estudios de grado.

Esta modificación a la ley impuesta en los '90 fue exigida durante años por docentes y alumnos, y representa otro logro más en materia parlamentaria de los últimos años.

Como era de esperarse, esta importante ley fue rechazada por el PRO durante su tratamiento en el Congreso, pero en la sesión de antenoche se pudo lograr las modificaciones en la Ley 24.521 del '95.

Una de las más importantes es la que expresa que "el Estado Nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las Universidades Nacionales, así como la supervisión y fiscalización de las Universidades Privadas".

La norma modificada también garantiza que sean "las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las responsables de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización" de los Institutos de Formación Superior de sus distritos y, donde la hubiere, la casa de altos estudios provinciales.

Según comentó la diputada, Adriana Puiggrós: "La ley menemista creó la posibilidad del cobro a estudiantes disfrazado bajo la figura de aportes, por ejemplo, lo que abrió la puerta a vivir una situación como la chilena".

Los cambios en la normativa apuntan a que las universidades promuevan la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso, además de reconocer las diferentes identidades de género y culturas, y generar lazos de integración regional.