El 5 de mayo de 1977, la pareja conformada por Enrique Ingegnieros e Irma María Pompa, embarazada de tres meses y con una hija de un año, fueron secuestrados. A él se lo llevaron de la oficina de la empresa donde trabajaba, Techint.

María Eugenia Ingegnieros, la nena que entonces tenía un año y fue la única sobreviviente de la familia, inició hace una década un reclamo compensatorio argumentando que la compañía de los Rocca fue cómplice en el operativo que terminó con la desaparición de su papá. 

En principio, la Cámara Laboral le dio la razón, reconociendo la responsabilidad patrimonial de Techint, en un fallo sin precedentes. Pero ahora, la Corte Suprema falló a favor de la compañía y dio por prescripto el reclamo.

Con los votos de Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal sentenció que los reclamos patrimoniales vinculados a delitos de lesa humanidad prescriben, con lo cual dio por cerrado el caso.

Carlos Maqueda y Horacio Rosatti votaron en disidencia al sostener que el deber de reparar los daños derivados de los crímenes de lesa humanidad, que atañen al Estado y a las personas que los cometieron, no se extingue.