María Eugenia Vidal quedó entre la espada y la pared tras el fallo de la Corte Suprema a favor de los gobernadores peronistas que reclaman que el gobierno nacional les devuelva lo perdido de coparticipación por la decisión unilateral de quitar el IVA a los alimentos y la baja del impuesto a las Ganancias. 

La oposición prepara una denuncia contra la gobernadora  por “mal desempeño” de sus funciones. Si la denuncia prospera puede terminar con una inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Vidal le hizo un pedido formal a Macri y al ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, para que suelten los fondos y evitar un problema judicial. Se trata de 7.000 millones de pesos por la quita de coparticipación para pagar la eliminación del IVA en productos de la canasta básica y la reducción de Ganancias.

De hecho, en la provincia que maneja Vidal limitaron las medidas de contención social después de las PASO precisamente porque no podían contar con los fondos necesarios.