Con penas de dos a cuatro años a quienes provoquen desmanes con insignias identificatorias de equipos de fútbol y declarando ‘organizaciones criminales’ a las barra bravas de los clubes, Patricia Bullrich quiere elaborar un protocolo propio para disuadir a los hinchas a que apoyen la protesta de los jubilados.

En el medio se metió en un berenjenal jurídico ya que pretende armar un sistema jurídico paralelo para los hinchas caracterizados.

Esto rompe con el estado de derecho y llega al ridículo de que si alguien comete un delito vistiendo una camiseta de fútbol esto se considerará un agravante.