Esta semana, trabajadores estatales marcharon en todo el país contra los despidos masivos en el Estado nacional y los que se llevan a cabo en las provincias y numerosos municipios. El argumento para los despidos es que serían “ñoquis” o “cargos políticos”.

En efecto, dirigentes gremiales de ATE aventuran para este año una ola de despidos de empleados estatales, en el marco de un ajuste general contra los trabajadores con el que el macrismo busca, por un lado, paliar su déficit y, por otro, avanzar con la reforma laboral y beneficiar a grandes empresas.

El ministro de Modernización de la Nación, Andrés Ibarra, ratificó esa intención refiriéndose a ella con un eufemismo: reducir la “planta política” en el Estado con el objetivo de lograr “una reducción importante”.

"Calculo que una reducción de un 20 por ciento de lo que es la planta política va a significar una reducción importante, lo que podrían ser alrededor de 1.000 millones de pesos de ahorro", dijo a LN+.

"Cuando llegamos había una situación muy lamentable, que es el mal uso del Estado como un receptáculo de contratos que no tenían que ver con una función específica", añadió para luego anunciar un “plan de austeridad” que se iniciaría "a partir de marzo”. 

En realidad, el plan ya está en curso: recientes despidos en el Senasa, en Fabricaciones Militares y en los medios públicos, entre otras dependencias oficiales, auguran que –si depende del macrismo– el ajuste será cruento en este 2018.