Laura Alonso se reunió con directivos de YPF, y luego la Oficina Anticorrupción que preside determinó cambiar su postura y mantener la confidencialidad del acuerdo entre la petrolera argentina y su par estadounidense Chevron.

En medio de la disputa judicial para que ese convenio sea difundido en su totalidad, la Oficina definió avalar la permanencia en secreto de determinadas partes del acuerdo, tras considerar que “YPF ha fundamentado razonablemente el alcance de las excepciones invocadas”.

En la nota número 602/16 emitida el martes al apoderado de YPF, y difundida por la agencia Télam, la Oficina Anticorrupción señaló que los elementos que resguarda la compañía son justificados y que la información brindada está alcanzada por el régimen de excepciones.

La decisión del ente que preside Laura Alonso surge en medio de los intentos del diputado provincial socialista Rubén Giustiniani para la difusión en su totalidad del contrato entre YPF y la petrolera estadounidense, los cuales contaron con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia.

Ante la respuesta del Máximo Tribunal, YPF presentó un recurso para pedir que la entrega sea sólo a la Justicia y no se difunda públicamente, aunque durante el mes pasado Alonso había hecho participar de oficio a la Oficina Anticorrupción porque es autoridad de aplicación del decreto de Acceso a la Información Pública de 2003.

De esta forma, la funcionaria macrista se reunió este viernes con el titular de YPF, Miguel Galuccio, primero; y luego con el gerente de Finanzas, Daniel González, y el vicepresidente de Servicios Jurídicos, Germán Fernández Lahore.

Durante la conversación, los directivos de la petrolera le explicaron a la ex diputada del PRO que abrir en su totalidad a la opinión pública el acuerdo con Chevron implicaría a su vez regalar a la competencia informes científicos y datos de tecnología que costó mucho dinero conseguir, como reportes geológicos y zonas de potencial exploración.

Desde la empresa manifestaron, además, que el ex senador socialista y demandante fue invitado a recibir las mismas explicaciones que recibió la jefa de la OA, pero nunca acudió, y ahora resta la decisión del fuero Contencioso Administrativo para saber si se resguardan o no las partes resguardadas.