Con la presencia de una veintena de diputados nacionales, en su mayoría porteños y de la provincia de Buenos Aires, y de representantes de las gobernaciones de 11 provincias, los diputados encabezados por Héctor Recalde pidieron a través de una conferencia de prensa "una justa distribución de la coparticipación".

"El gobierno nacional no hace pasar estas discusiones por el Parlamento, que es el ámbito natural de discusión; por eso buscamos ponerle un límite a este gobierno electo que gobierna de facto", aseveró el titular de la bancada peronista.

El diputado profundizó la ofensiva al advertir: "Nuestro bloque no llega a los 110 diputados con aliados incluidos; pero si hablamos con otras fuerzas y llegamos a los 129 (quórum para sesionar) vamos a autoconvocar al Congreso".

Según los integrantes de la principal bancada opositora, la posibilidad de autoconvocarse "está respaldada legalmente", y tendría que realizarse "en lo que resta de enero, o en febrero", ya que el 1 de marzo comienza el período de sesiones ordinarias.

En este sentido, Recalde admitió que "existe poco diálogo con la bancada del PRO" y lamentó que el ahora ex diputado "Federico Pinedo haya pasado al Senado, porque con él sí existía posibilidad de hablar".

Al dar precisiones sobre los alcances del decreto que beneficia a la ciudad de Buenos Aires, desde el punto de vista del bloque, el diputado Axel Kicillof dijo que "la ampliación del porcentaje siginificaría unos 18.000 millones de pesos, de los cuales unos 9.000 serían por el traspaso de la Policía; y el resto coincidiría con el monto en dólares de la deuda externa contraída durante la jefatura de Gobierno de Macri".

A la conferencia asistieron representantes de provincias que reclaman "una mejor coparticipación", como Río Negro, Catamarca, Formosa, Santa Cruz, Entre Ríos, Tucumán, San Juan, Misiones y Chaco (provincias gobernadas por el FPV-PJ); además de Chubut y La Pampa, (en manos del peronismo disidente).

Además, en la conferencia de prensa, los diputados reclamaron la liberación de la dirigente de Tupac Amarú, Milagro Sala, se solidarizaron con los trabajadores del Grupo 23 de medios y cuestionaron la 'Ley de derribo' al considerar que "virtualmente, se trata de la implementación de la pena de muerte".