En el marco del juzgamiento del terrorismo de Estado ocurrido en la última dictadura militar, se dio a conocer que durante el año pasado hubo 1.069 los procesados, 520 personas fueron condenadas y 60 resultaron absueltas desde el retorno del Estado de Derecho, mientras que sólo 71 personas cuentan con la sentencia firme.

Este último dato perjudica el constante avance de los juicios. Ya que de los 122 procesos judiciales concluidos desde 1983, 107 se realizaron a partir de 2004. Es mas en tanto sólo en el último año finalizaron veinticuatro.

A su vez el último año los detenidos por crímenes de lesa humanidad fue de 114, sobre un total de 927. De esa cantidad el 62,1% se encuentra alojado en unidades penitenciarias, el 36,2% con detención domiciliaria, el 1,1% en dependencias de las fuerzas de seguridad (provinciales o nacionales) y 0,6% en hospitales.

A su vez el informe indica que, desde 2008, la cantidad de condenados aumentó más de un 700 por ciento.

El seguimiento reveló que 2013 fue el año del avance de la justicia sobre los civiles cómplices de la dictadura y destacó la primera condena a un funcionario judicial, el ex juez Víctor Brussa.

El informe también destacó la elevación a juicio de dos causas que involucran a cinco funcionarios judiciales de Mendoza, que serán juzgados a partir del 17 de febrero, y otro de Santa Fe, y las confirmaciones de procesamiento sobre otros cinco imputados, mientras que otros once cuentan con un procesamiento en primera instancia en diferentes puntos del país.

Como hechos sobresalientes de 2013, la Procuraduría puso de relieve la extradición desde Chile del ex camarista federal mendocino Otilio Roque Romano; la decisión de la Cámara de Casación acerca de que la actuación del ex juez salteño Ricardo Lona constituyó crímenes de lesa humanidad.

Además, destacó que el máximo tribunal penal también prohibió la salida del país del suspendido juez marplatense Pedro Cornelio Federico Hooft, quien dilata con presentaciones judiciales sus indagatorias.

Además, el informe refirió como avances de las investigaciones sobre "la complicidad del sector empresarial con los actos de terrorismo de Estado" el procesamiento de los antiguos jefes de personal y de sección de la Minera “El Aguilar” (Jujuy) y la confirmación del procesamiento de los directivos del ingenio “Ledesma” (Jujuy).

También destacó el requerimiento de elevación a juicio presentado el 20 de diciembre pasado en las actuaciones en las que se investiga la responsabilidad de los ex directores de la automotriz “Ford”, en la localidad bonaerense de General Pacheco.