La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto del Poder Ejecutivo que establece el pago soberano de deuda a bonistas con títulos reestructurados con el fin de evitar que esos recursos puedan ser bloqueados por el juez neoyorquino Thomas Griesa en el marco del litigio que el país mantiene con fondos buitre.

Tras de una maratónica sesión de 14 horas, la Cámara baja sancionó la Ley de Pago Soberano que declara de interés público la reestructuración de la deuda soberana y el abono al 100 por ciento de los tenedores de títulos públicos de la República Argentina.

La votación tuvo lugar a las cinco y media de la mañana luego de un debate que se extendió por más de 14 horas, y arrojó 134 votos a favor, 99 en contra y 5 abstenciones. Luego se votaron en particular dos artículos, uno de ellos el que crea la Comisión Investigadora.

La Ley, que en una maratónica sesión había logrado media sanción en el Senado, apunta a cambiar el lugar de pago de los bonos reestructurados en 2005 y 2010, crear una comisión bicameral de seguimiento de la deuda y cambiar al Bank of New York (BONY) como agente fiduciario.

El oficialismo alcanzó con holgura el quórum necesario para dar inicio a la sesión con legisladores propios, sus aliados tradicionales, la ex socia de Raúl Castells, Ramona Pucheta, el sector opositor del Movimiento Popular Neuquino y el ex kirchnerista devenido al massismo, Facundo Moyano. El resto de la oposición se sumó una vez que el oficialismo tenía garantizado el quórum.

La norma aprobada es la de mayor trascendencia del año legislativo, que apunta a evitar posibles nuevos bloqueos por parte del juez de Nueva York, Thomas Griesa, al pago de vencimientos de deuda.

Es que aunque la Argentina cumplió con el pago del vencimiento del pasado 30 de junio, la disposición del magistrado impidió que los legítimos dueños de esos fondos, los bonistas que aceptaron las reestructuraciones de 2005 y 2010, pudieran cobrar a menos que también se cumpla con la sentencia que benefició a los denominados fondos buitre.

La Argentina enfrenta un nuevo vencimiento el próximo 30 de septiembre, esta vez por 200 millones de dólares, y aunque el país cuenta con los fondos para hacerle frente de no poder avanzar en el cambio de lugar de pago nada garantiza a los bonistas que puedan cobrar.